En el marco de la discusión por la “Ley de empleo público”, el congresista del Frente Amplio, José María Villalta, se dejó ironizar sobre la presencia del precandidato del PUSC Pedro Muñoz.
Su disertación provocó sonrisas inevitables en el plenario, luego de que destacó la presencia de Muñoz, quien es uno de los diputados más ausentes para establecer quórum en el plenario, como un reportaje de La Nación destacó.
Muñoz, junto con otros diputados que ahora trabajan en sus respectivas precandidaturas en el PLN y el PUSC, es uno de los que menos hacen presencia en la discusión, debate y votación de esta ley.
El diputado y precandidato del PUSC ha faltado de manera injustificada, según un reporte de La Nación, al 94% de las sesiones respectivas. Le siguen otros precandidatos como Erwen Masís (65%), de su bancada, y Roberto Thompson del PLN (52%). Además, también del PUSC tiene mala asistencia Rodolfo Peña y Óscar Cascante (65% de ausentismo ambos). En el ranking muy cerca están Gustavo Viales del PLN y Geovanny Gómez de Restauración (55% ambos).
Mírelo usted en el video que le ofrecemos:
La discusión de esta ley ha seguido un curso de discusión de un grupo de mociones de reiteración que han sido sistemática rechazadas por parte de un bloque que favorece el proyecto e incluye a las fracciones del PLN, PUSC, PAC, Nueva República y Restauración.
Algunos diputados disidentes del PAC y del PLN, así como del PRSC, PIN e independientes, han votado a favor algunas de esas mociones.
En el partido oficialista destaca el papel preponderante de la legisladora Paola Vega en defensa de las universidades públicas y el de Welmer Ramos en varios frentes a favor del empleo público y las universidades.
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A los oficialistas disidentes se unen José María Villalta del Frente Amplio y en algunos temas otros diputados opositores al Gobierno como Dragos Dolanescu, Walter Muñoz y, parcialmente, algunos diputados del PLN.
Paola Vega declaró en el plenario que esta ley tiene dos grandes problemas de fondo: es eventualmente inconstitucional o dejará consecuencias negativas en la administración del estado costarricense.
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