La diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, se refirió al cierre temporal del Parque Viva tras la recomendación de diversas instituciones, afirmando que “cuando algunos confunden la libertad de prensa con los negocios particulares no puedo más que pensar en la frase de Fréderic Bastiat”.
“Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique”, enunció Cisneros Gallo.
Además, la legisladora afirmó que “a veces siente que Costa Rica ha vivido demasiado tiempo en un mundo al revés”.
La legisladora, sin embargo, no explicó a qué tipo de saqueo se refiere, tampoco al sistema legal o código moral que justifique ese saqueo, pero se infiere que la libertad de prensa es parte de ese código moral que autoriza, glorifica o simplemente justifica ese saqueo de los intereses particulares.
“De repente, desviar una línea de tren con fondos públicos para beneficio privado, eso sí está bien. Prohibir temporalmente eventos masivos en un lugar específico para seguridad de las personas, eso parece que está mal”, concluyó Cisneros.
Pero la libertad de prensa está claramente afectada
Al mediodía de este martes 12 de julio, el Ministerio de Salud, sin embargo, no había enviado a la prensa los supuestos -ya puesta en duda su existencia- informes técnicos para “probar la autenticidad de su comunicado del viernes en la forma de los documentos con los criterios técnicos a los cuales las propias autoridades hicieron alusión en dicha nota de prensa”, en palabras de uno de los periodistas que se ha sumado a la petitoria -ignorada hasta el momento- de aportar esos informes.

“¿Existen, si o no, tales documentos y, si este fuera el caso, hay algún tipo de inconveniente o impedimento para divulgarlo?“, expresó el periodista.
Esta situación recuerda cuando se dio el anuncio del decreto que iba a eliminar la obligatoriedad de la vacuna, un decreto anunció el mismo día de la toma del poder, pero que luego nunca fue entregado, sino una variación donde fue evidente que el presidente no tenía potestad para decretar algo que, por ley, le correspondía a la Comisión de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud.
¿Existe un informe final que sustenta esta decisión o fue apresurada con un afán de represalia?, se preguntan los ciudadanos en los diferentes foros de la opinión pública.
Con información de Acontecer.co.cr.
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