Gustavo Rojas se apoderó también del logo y nombre, en un acto que comprueba de nuevo su intención de apoderarse -mediante la fundación que preside- de este benemérita institución de la educación pública costarricense.

El pasado 18 de mayo, “bajo la solicitud 2023-0003470, Gustavo Adolfo Rojas Antillón, en calidad de apoderado general de Fundación Conservatorio de Castella, solicita la inscripción del escudo y nombre del Conservatorio de Castella como nombre comercial en clase(s), conservato, internacional(es), para proteger y distinguir lo siguiente: en clase 49: un establecimiento dedicado a la enseñanza integral académica (acorde con el programa oficial del Ministerio de Educación Pública) y formación artística Castella en las áreas de artes plásticas, música, danza, literatura y teatro (acorde con la dinámica tecnológica y de las nuevas tendencias del arte contemporáneo)”, comunicaron los voceros.

Después de varios improperios y prepotencia en declaraciones dadas a Radio Columbia, donde califica de “estupideces” las actuaciones de los padres de familia del Castella, el actor y presidente de la Fundación Castella además solicitó una orden sanitaria en contra de la institución.

El próximo domingo 1 pm en la Plaza de la Democracia habrá una manifestación. Organizadores solicitan que los castellas lleven su instrumento.

Según los padres de familia, las actuaciones de Rojas “dejan claro que nuestras preocupaciones no son estupideces, son cosas serias y pedimos respuestas y que las autoridades defiendan el interés superior de los niños y niñas de la institución”.

Según los padres de familia y la junta, “el Conservatorio Castella es una institución emblemática, Benemérita de la Patria, es decir, los miembros de la Fundación privada inscribieron como marca comercial una institución pública como emblema nacional”.

Los padres de familia le reclamaron a Rojas su actuación como una mala intención, porque a pesar de recibir más de 82 millones de una expropiación del ICE para cableado, nunca ha dado nada por reparar ni ayudar al centro educativo. Más bien, le reclaman, un juicio que él interpuso mantiene la imposibilidad del Ministerio de Educación de aportar recursos para arreglar el centro educativo en Barreal de Heredia.

Todo eso se une a la venta del Teatro Arnoldo Herrera en La Sabana por $3.5 millones, dinero que se desconoce donde se encuentra. El MEP aduce que el Castella es una institución pública y, tanto los padres de familia como la junta de educación que administra ese centro educativo, han reiterado que el centro educativo y el teatro fueron construidos con fondos públicos, de manera que la fundación no debió vender una propiedad que no es de derecho privado.

Al menos 7 diputados de la Asamblea Legislativa firmaron una propuesta de ley interpuesta por el legislador Ariel Robles para definir el uso de suelo de esas propiedades como público y así evitar que la venta prosiga su curso y que el terreno donde se encuentra el teatro sea usado para la construcción de un edificio por parte de la empresa Nissan, como se presume. El teatro sería demolido.

En estos momentos la junta tiene registrada desde el 2015 el escudo y nombre de la institución pero bajo otra categoría, por lo que puede hacer uso, no obstante este registro vence en el 2025, informaron.