El Ministerio de Justicia redujo delegaciones policiales a construir “sin análisis de impacto, sin evaluar cómo afecta los objetivos del programa ni se consideraron alternativas de financiamiento”.

Esta conclusión es parte de un informe de auditoría que la Contraloría realizó a la ejecución de un crédito por $100 millones, entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia.

Según lo revisado, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) cumplió en legalidad las condiciones del contrato, pero redujo la construcción de delegaciones en un programa que busca reducir el delito en el país y prevenir la violencia en jóvenes de comunidades vulnerables mediante inversiones en infraestructura, tecnología y formación.

Eso se suma a “los retrasos en la construcción del Centro de Mando y Control Policial sin contemplar requerimientos como hardware y software y sin evidencia de acciones de coordinación para su entrada en funcionamiento”.

También se encontró “falta de coordinación para recibir donaciones dado que el Comité Director no ha integrado requerimientos técnicos para la instalación de equipos y software donados por EE.UU. -sic-“, según el comunicado de la Contraloría.

Falon Arias, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, explica los resultados del informe:

Acceda al informe completo en este enlace.