El narcoterrorismo es parte de la realidad costarricense, según las declaraciones de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación, en su audiencia con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
El jerarca reveló la situación que vive Costa Rica en estos tiempos y contestó algunas preguntas sobre su declaración acerca de que un ministro y un asesor presidencial tienen contacto o alguna relación con el extraditable Celso Gamboa.
“Estamos viviendo la mayor expansión de drogas que vienen hacia Costa Rica en la historia“, Zúñiga. Eso se evidencia en la disminución de los precios en el marcado, explicó.
Costa Rica se convirtió en “un país que terceriza los servicios de exportación de droga“, porque desde hace mucho tiempo almacena droga. Ese es “una fase superior al almacenaje, el tránsito, etc“.
El crecimiento de dinero por drogas y lavado aumentan el lavado, por eso la inversión en activos del sector privado que incluye negocios, centros comerciales, compra de bienes inmuebles y hasta ganado.
Zúñiga afirmó que Costa Rica pasa por una etapa de narcoterrorismo, en la que funcionarios judiciales, diputados, ministros, policías o quienes laboren contra el narcotráfico podrían ser intimidados o eliminados. Destacó que hay casos de jueces amenazados y otros que han requerido protección especial.
Según afirmó Zúñiga, la delincuencia también amenazando empleados públicos para obtener beneficios de manera cada vez más frecuente. Según su conocimiento, han aumentado las personas en el sistema de protección de testigos.
Debilidad geográfica del OIJ y las policías
Ante la pregunta de por qué el decomiso de drogas ha disminuido, el jerarca confirmó que la no existencia de personal de seguridad en Bahía Drake, Golfito y Cabo Vela en La Cruz de Guanacaste afecta el combate contra el narcotráfico. Mencionó que necesita recursos para ampliar la operación del OIJ en La Cruz y Punta Burica, entre otros lugares.
Sin embargo, no comentó sobre el traslado del equipo de Guardacostas de Punta Burica a Quepos y otras decisiones del Gobierno que suponen favorecer el trabajo del narcotráfico, según declaraciones de varios diputados y especialistas en seguridad.
Además, indicó que tiene un faltante de 400 millones de colones que buscan solventarlo con ingresos propios que esperan solventar en agosto.
“No darle los recursos a las instituciones por parte del Ejecutivo es negligencia”, afirmó el diputado Felipe Castro, ante acusaciones de que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, no ha girado todos los fondos autorizados por la Asamblea Legislativa al OIJ.
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