La candidata a diputada del PUSC por el tercer lugar de Heredia, Ana Lidieth Hernández González, recibió una suspensión sin goce de salario por 20 días, como causa de una contratación irregular que se realizó en la Municipalidad de San Isidro de Heredia, cuando fue alcaldesa.

Según la resolución de la Contraloría General de la República, tanto Hernández González, como Sandra Patricia Ramírez Villalobos -proveedora de la municipalidad-, incurrieron en responsabilidad administrativa regulada en los artículos 21 y 96 bis inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y 218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Es decir, que se acredita el haber promovido una contratación irregular y “la existencia de culpa grave como criterio de imputación de responsabilidad” en contra de Ana Lidieth Hernández.

La resolución final establece que en la contratación directa n.° 2020CD-000088-0016800001, “se incurrió en vicios graves, evidentes y de fácil constatación“. En lenguaje común, una contratación amañada.

Culturacr.net consultó a prensa del Partido Unidad Social Cristiana sobre este caso y al cierre de esta nota no teníamos respuesta aún.

De manera similar al caso BCIE-Cariñitos y algunas contrataciones cuestionadas por amaño, en este caso la municipalidad no hizo el estudio de mercado, sino que fue la misma empresa Netsoft, que ganaría la adjudicación después, la que hizo su propio estudio y posteriormente lo “presentó al gobierno local para que fueran utilizadas como estructura de precios o estudios de mercado”.

Recuérdese que en el caso en que se implica al presidente Rodrigo Chaves, BCIE-Cariñitos, fue el contratista Christian Bulgarelli quien fue presuntamente compelido a realizar los términos y condiciones de la contratación con la que luego se pidieron los cariñitos.

Además, la alcaldesa no verificó si la propuesta se encontraba por debajo del estándar de mercado en un 30%, como exige la normativa, explica la Contraloría. Eso permite, claramente, aceptar sobreprecios.

“Esta falta de uniformidad por ende impidió una comparación equitativa, en igualdad de condiciones, y, por tanto, no era posible acreditar que la oferta de Netsoft S.A. fuera inferior al valor mínimo de mercado en un 30%, requisito necesario para probar el ánimo de colaboración con la Administración”, explica la resolución, en manos de Culturacr.net, que emitió la Contraloría.

Además, agrega el estudio controlar, la alcaldesa realizó una serie de pagos “acciones todas llevadas a cabo por la señora Hernández González tendientes a dar continuidad a la contratación irregular, ejecutadas con total negligencia y en detrimento de sus funciones (…)”. Deja claro que Hernández se valió de su jerarquía para promover la contratación.

Concluye la resolución que, “con lo antes expuesto, queda claro que el actuar de la señora Hernández González resultó insuficiente a efectos de resguardar División Jurídica -56-el control interno, la legalidad y el adecuado manejo de los fondos públicos, infringiendo los artículos 2 inciso d), ello en concordancia con los numerales 139 inciso i) y 218 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; los artículos 17 incisos a) y ñ) del Código Municipal, artículos 11, 211 y 213 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 110 incisos a), b) y r) y 113 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, artículos 8 incisos a) y d), 10, 12 incisos a) y b), artículo 14 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Control Interno”.