El proceso para la selección de policías penitenciarios presenta riesgos y peligros que reportó la Contraloría General de la República hoy, después de una revisión sobre nombramientos realizados en los primeros años de este Gobierno.
Según un estudio realizado en el Ministerio de Justicia y Paz, se detectó que “se incumple parcialmente en aspectos significativos relativos como la falta de enfoque de riesgos en el diseño y debilidades en la implementación de controles, lo cual limita la capacidad de incorporar personal idóneo y de forma oportuna”.
Este riesgo es injustificable si se considera la importancia de tener claros los “mecanismos de control para la prevención de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección del personal policial penitenciario“, dado que se trata de las personas privadas de libertad, muchas de alto riesgo para la población.
La Contraloría encontró que 419 agentes de policía penitenciaria fueron nombrados entre 2023-2024 “en procesos sin controles basados en un análisis de riesgos”.
Además, existen 3 ejercicios de valoración de riesgos “separados y desarticulados” entre sí.
Por ejemplo, en 29 de 50 expedientes “se omitió la documentación que respalda la revisión de competencias esenciales para el desempeño del puesto -sic-“, lo que podría indicar que se trata de nombramientos de personas que podrían ser aliados de la delincuencia.
Por otra parte, un 11% de las 4803 plazas autorizadas para nombrar están vacantes y de las 4803 plazas autorizadas, “4362 son para el puesto “agente de policía” pero 430 de ellas siguen vacantes”.
“La integridad en este reclutamiento es fundamental ya que este cuerpo policial se encarga de vigilar y controlar todos los centros penitenciarios del país, la custodia y seguridad de las personas procesadas y sentenciadas por causa penal, entre otros”, recuerda la Contraloría.
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