Presentan amparo contra Laura Fernández por no revelar datos de aplicación del polígrafo a algunos ministros

Presentan amparo contra Laura Fernández por no revelar datos de aplicación del polígrafo a algunos ministros
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Janekieth Durán B. interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en relación con la aplicación del polígrafo a algunos ministros por parte de la presidenta Laura Fernández.

Aunque la presidenta anunció que había aplicado el polígrafo, mal conocido como detector de mentiras, a varios de sus ministros, el Gobierno no ha querido brindar la información ni los datos que se refieren a las preguntas aplicadas a los funcionarios públicos.

Varios medios e interesados han solicitado esa información, en concreto las preguntas y respuestas obtenidas, el contrato con la empresa la empresa IPSC (International Polygraph Studies Center), con qué fondos se financió y el expediente de este caso. Sin embargo, la transparencia no es propia de la actual administración.

Culturacr.net preguntó por correo si al ministro de Seguridad Pública también se le aplicó el polígrafo. Sin embargo, más de 10 días después no hay respuesta alguna de Casa Presidencial. Tampoco han respondido por qué no se realizó a Rodrigo Chaves, dado que es el ministro de la Presidencia y el superior jerárquico del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

En general, toda la información ha sido escondida, porque no se quiere decir cuáles fueron los criterios para escoger a la empresa, cuál es el costo de cada prueba aplicada y otros asuntos importantes para la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Presidencia alegó “confidencialidad” para negarse a responder las consultas relacionadas por aplicación de polígrafo de una empresa privada a funcionarios públicos.

“La información relacionada con las preguntas concretas y sus respuestas son confidenciales y, por ende, es jurídicamente improcedente su divulgación”, respondió el Gobierno a Durán.

Como ya se publicaron los resultados, no podría ser declarado secreto de estado, de manera que es información pública que debe brindarse y, ahora, será la Sala Constitucional quien decida. El recurso fue admitido y el ministro Chaves Robles deberá responder ante la Sala.

La prueba fue aplicada a Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Pablo Martínez, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Pero no así a los ministros de Seguridad, Gerald Campos, ni de Presidencia, Rodrigo Chaves.

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