La actuación del Ejecutivo en residencial de Naranjo, donde Acueductos y Alcantarillados, con el uso de la Fuerza Pública, conectó por la fuerza una toma de agua para un residencial en esa comunidad, será investigada por las diputadas de la zona, Priscilla Vindas y Monserrat Ruiz.
En la comisión legislativa de la provincia de Alajuela, ambas diputadas abrieron un expediente de investigación para determinar presuntas culpabilidades o responsabilidades por lo actuado, porque se presume que hay varios delitos cometidos, desde un posible prevaricato, pasando por una afrenta a la autonomía municipal y llegando a un abuso de autoridad.
Las diputadas afirman que Rodrigo Chaves y su gobierno han usado este caso con “fines políticos”, lo que resulta evidente porque “el Poder Ejecutivo ha dicho falsedades e inexactitudes dirigidas a engañar a la ciudadanía”.
Según las legisladoras, “la conexión unilateral y arbitraria efectuada en el acueducto municipal por parte del AyA vulnera la autonomía municipal y pone en riesgo el acceso al agua de aproximadamente 12.000 personas en el cantón. Asimismo, las diputadas hicieron eco de las denuncias del Gobierno Local sobre el daño provocado al pavimento y a la infraestructura municipal en el operativo ilegal del pasado sábado”.
La Comisión de Alajuela resolvió convocar a una serie de actores que intervienen en esta situación, como la jerarca del AyA, el ex jerarca de Naranjo, Juan Luis Chaves, el actual alcalde, Randall Vega, la ministra de Vivienda Grettel Vega y otros actores, como indica la moción:
Piden explicaciones a jerarca del AyA
Monserrat Ruiz envió ya una misiva a la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Suárez Barboza, para que explique su actuación en este caso y responda a varios cuestionamientos que se realizan.
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Ruiz exige a la jerarca que responda lo siguiente:
1. Remitir copia del estudio técnico que fundamentó la decisión de intervenir el acueducto municipal, incluyendo análisis de redes, presiones hidráulicas, posibles impactos sobre suministro para comunidades colindantes y el casco central del cantón.
2. Informar cuántas personas resultan afectadas actualmente por esta intervención, tanto en la zona del proyecto habitacional como en el casco central de Naranjo, incluyendo estimaciones de riesgo de desabastecimiento o daños a infraestructura.
3. Detallar los criterios legales que se utilizaron para autorizar esta intervención en infraestructura municipal, en especial considerando la autonomía local, el debido proceso administrativo y la ausencia de ocupación residencial en la zona al momento de los hechos.
4. Remitir copia certificada del acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para realizar la interconexión, así como informar quién fue la persona funcionaria encargada de ordenar la realización de dicha operación.
5. Remitir copia certificada del acta de la sesión de Junta Directiva en la que se tomó el acuerdo referido en el punto anterior.