La agresión de una muchacha en un bus de San Carlos se convirtió en un asunto viral en todo el país y hasta el Gobierno salió hoy, en un ejercicio de populismo, en una acción conjunta de tres entidades para buscar culpables.
En conferencia de prensa, el presidente Chaves y la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, principalmente, expusieron una acción donde el MOPT, MEP y PANI “toman acciones para investigar y sancionar actos que permitieron agresión de estudiante sancarleña”.
La joven no solamente fue víctima, sino que ahora es revictimizada por la intervención del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de Educación en una actuación cuya finalidad es buscar culpables y castigarlos, pero de manera aislada, sin soluciones integrales.
“MEP analiza la posibilidad de endurecer sanciones contra estudiantes que realicen actos de violencia y se propondrá al Consejo Superior de Educación dicha reforma”, informó hoy el Ejecutivo.
Además, se habló de castigar al transportista quien se expondría a la caducidad de su permiso de funcionamiento.
Se conoce muy bien que los centros educativos el bullying o la agresión de unos estudiantes a otros es un asunto bastante común, de manera que ese tipo de agresiones no son un hecho insólito, sino una expresión del machismo y agresividad de la actual sociedad costarricense. El año anterior -informó Presidencia- el Patronato Nacional de la Infancia recibió el reporte de 589 incidentes y en el primer semestre del 2024 se han atendido 366 por acoso escolar.
Las agresiones surgen por expresiones de odio contra los jóvenes que son “diferentes”, como los que tienen una orientación sexual diferente, tienen un buen desempeño escolar -por envidia- o porque se manifiestan con opiniones opuestas a las que son consideradas “normales” por la cultura conservadora. Sin embargo, el mismo Gobierno evidencia ese tipo de manifestaciones agresivas en contra de comunidades diferentes en las mismas expresiones del presidente Chaves.
Müller se valió del procedimiento que siempre ha existido como si fuera una acción novedosa: “se inició el procedimiento para aplicar la acción correctiva disciplinaria que corresponde, que podría llegar a la sanción máxima”, subrayó el comunicado de Gobierno.
“El personal educativo también visitó a las familias de ambos estudiantes para explicar los procedimientos de los protocolos y dar seguimiento. Se ofreció asistencia con el equipo interdisciplinario de la Dirección Regional a la estudiante víctima de la agresión, misma que se reforzará al regreso de las vacaciones con el resto de la comunidad estudiantil, la norma va Penal Juvenil y la importancia del Protocolo de Convivencia”, comunicó el MEP.
Además, “la Supervisión de Centros Educativos solicitó un informe de los hechos a la empresa a la que el MEP le paga para el transporte de estos estudiantes, mientras que el Consejo de Transporte Público (CTP), ante la gravedad de lo sucedido, en sesión extraordinaria acordó la mañana de este miércoles, abrir en forma inmediata un proceso administrativo contra el empresario autobusero, por posible incumplimiento de lo establecido en el ar culo 10 del Decreto Ejecutivo 15.203-MOPT”, se informó.
Sin embargo, estas medidas extremas y de máxima atención no se aplican en todos los casos de agresiones en centros educativos, por lo que no responden a una atención integral y estructural para solucionar el problema, si no una medida ocasional improvisada por la exposición mediática del suceso. El Poder Ejecutivo no informó que seguiría aplicando estas acciones correctivas en todos los casos o si formarán parte de un nuevo protocolo de atención de la violencia intercolegial.
El PANI recuerda que cuenta con la línea gratuita 1147, el WhatsApp 8989-1147, todas las redes sociales, la mensajería privada de la web y el enlace con el 9.1.1. en las que se pueden tramitar denuncias.
PUSC propone proyecto de ley para castigar a quien presencie agresión y no actúe
El PUSC presentó esta misma tarde un proyecto para sancionar quienes presencien y no actúen en casos como el de “Valentina”. “El deber de auxilio inmediato se fundamenta en la necesidad de actuar con celeridad para evitar daños irreparables en la vida y el desarrollo de los menores”, comunicó el PUSC.
Se trata del expediente 24.434 que “busca obligar a un deber de auxilio inmediato cuando se esté en presencia de un caso de violencia hacia una persona menor de edad”, indica un comunicado de esa bancada.
Se intenta realizar una reforma artículo 144 del Código Penal, “se busca que sea un delito de omisión de auxilio el no prestar ayuda a menores de edad en las circunstancias antes mencionadas”.
“Las sanciones por omisión de auxilio a un menor de edad serán una multa equivalente a un salario base y el juez podrá aumentar el doble o hasta el triple según el caso. Además, se sancionará con hasta 1 año de prisión si esa omisión de auxilio resulta la muerte o lesiones graves del menor de edad”, agrega la información del PUSC.