El Periodicocr.com* | La discusión sobre el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) entró en una etapa decisiva en la Asamblea Legislativa, luego de que la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminara afirmativamente dos proyectos de ley que proponen mecanismos distintos para adelantar el acceso a estos recursos.
Con este avance, serán al menos tres iniciativas las que llegarán al Plenario Legislativo.
No osbtante, la iniciativa suma cada vez más detractores y cuestionamientos por parte de sectores técnicos, financieros y políticos.
A lo anterior se suma que dichos proyectos avanzan contra el tiempo, porque a los diputados ya les quedan solamente 22 días para aprobar cualquier iniciativa, lo que reduce el margen para su discusión y eventual aprobación.
Del oficialismo
El primer texto aprobado fue de la oficialista Ada Acuña, el cual introduce modificaciones estructurales a la Ley de Protección al Trabajador y al funcionamiento del ROP.
La iniciativa establece que las personas pensionadas podrán retirar la totalidad de sus recursos cuando la tasa de reemplazo de su pensión supere el 52,5%, es decir, cuando el monto de su pensión represente al menos ese porcentaje de su salario de referencia.
Este criterio busca, según la oficialista, equilibrar la necesidad de acceso a los fondos con la sostenibilidad del sistema, permitiendo el retiro total en aquellos casos donde la pensión base garantice un ingreso relativamente adecuado.
Adicionalmente, el proyecto crea una modalidad de retiro denominada “retiro programado financiero actuarial”, que permitiría a las personas definir plazos específicos —de 24, 36, 60, 120 o hasta 180 meses— para recibir sus recursos, manteniendo el capital invertido y generando rendimientos durante ese periodo.
Este mecanismo introduce mayor flexibilidad en la administración del ahorro individual, permitiendo que los beneficiarios adapten el uso de los fondos a sus necesidades financieras, sin recurrir necesariamente a un retiro inmediato total.
El texto también incorpora disposiciones relevantes en materia de protección al afiliado. Entre ellas, destaca la prohibición de aplicar minusvalías o pérdidas a partir del momento en que se solicita el retiro, lo que busca evitar que fluctuaciones del mercado afecten el monto final recibido por el trabajador.
Asimismo, se establece la obligación de las operadoras de pensiones de devolver las comisiones cobradas en aquellos casos en que los fondos registren pérdidas, así como la revisión periódica de dichas comisiones por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
En situaciones excepcionales —como enfermedades terminales, condiciones graves de salud o incapacidades permanentes—, la propuesta permite el retiro total de los recursos en un plazo máximo de seis meses, ampliando así los supuestos en los que los afiliados pueden acceder anticipadamente a sus ahorros.
Retiro anticipado del Frente Amplio
En contraste, el enfoque impulsado por el Frente Amplio parte de una lógica distinta: utilizar el ROP como una herramienta inmediata de alivio económico para las personas pensionadas.
El proyecto promovido por esta fracción plantea que quienes se hayan pensionado entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 puedan recibir la totalidad de sus recursos en un plazo de dos años.
Relacionados:
Desde esa bancada se ha insistido en que el endeudamiento de la población jubilada es un problema estructural. Datos citados en el proyecto señalan que el 74% de las personas pensionadas mantiene deudas, destinando una parte significativa de sus ingresos al pago de obligaciones financieras.
En ese contexto, liberar el ROP permitiría no solo aliviar dichas cargas, sino también dinamizar la economía mediante el consumo y la inversión en actividades productivas por parte de los propios pensionados.
Impacto económico y advertencias técnicas
El avance de estos proyectos no ha estado exento de cuestionamientos. Diversos sectores técnicos y financieros han manifestado preocupación por las posibles consecuencias de flexibilizar el acceso al ROP.
Entre los principales riesgos señalados se encuentran la reducción del ahorro previsional a largo plazo, el debilitamiento del mercado de capitales —que depende en gran medida de estos fondos— y el eventual impacto en la estabilidad del sistema de pensiones complementarias.
El ROP, concebido como un mecanismo para complementar las pensiones del régimen básico, ha sido históricamente defendido como un ahorro de largo plazo, cuya función principal es garantizar ingresos adicionales durante la vejez.
Nogui Acosta arremete contra proyectos
Nogui Acosta, jefe de la próxima fracción chavista, le declaró la guerra a una serie de proyectos que pretenden entregar el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROPC).
En declaraciones a distintos medios, el exministro de Hacienda y diputado electo por Pueblo Soberano (PPSO), aseguró que la entrega de recursos es “irresponsable” y además, cuestionó que haya tantos proyectos que busquen ese fin, sin medir las consecuencias que podría representar para el país.
“La discusión (que se debe dar) es sobre cuáles son las consecuencias de hacer eso (entregar ROPC). Es dinero de los trabajadores, pero cumple un rol diferente y no lo podemos cambiar. Si usted se da cuenta de que su tasa de reemplazo del régimen de invalidez de cesión de muerte va a bajar, que hoy es de 52 y que probablemente llegue a 35 o 40, va a tener un impacto. Si usted lo debilita y lo convierte en algo que la gente puede retirar, va a generar tres cosas: va a lanzar un montón de títulos al mercado que van a competir con la gente que necesita liquidez y eso va a subir las tasas.
En simple: Que todos vamos a tener que pagar tasas más altas por nuestros créditos. Lo segundo es que esa cantidad de gente yendo a los mercados con una producción limitada va a subir los precios. Eso quiere decir que vamos a tener inflación. La pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener sobre la colectividad una acción puntual de un grupo de personas que demandan el ROPC?”, señaló.
Acosta reconoció que la medida podría resultar impopular, no obstante, es lo más responsable para el país.
“La pregunta es: ¿Para quién es impopular? Para 85 000 personas versus 3 millones y medio de costarricenses. No tenemos que ver esto como un problema de una persona particular, sino como consecuencias para todos. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Vas a disminuir tu portafolio? ¿Cuál va a ser el efecto para los que estamos cerca de pensionarnos?”, agregó.
A pesar de lo anterior, Acosta indicó que la próxima fracción “aún no define una posición clara sobre el tema”.
“Es una decisión que tomaremos en su momento en el cual estemos frente a eso. No hemos tomado una decisión, desde campaña dijimos que se necesitan estudios y la información necesaria para tomar una decisión. Pero tal como se está planteando en este momento, la devolución del ROPC no (se puede).
Los diputados de la comisión no fueron capaces de realizar un buen proyecto. Ellos vendieron las mesas de trabajo como una forma de crear un único proyecto que viniera a resolver todo y no lo lograron. Creo que se lavaron las manos y le están tirando la pelota a la siguiente Asamblea para resolver esto y eso tampoco se vale”, sentenció.
*En alianza informativa con EP.