Redacción CCR – Radio Zurquí* | La pretensión del Gobierno de cargar con un impuesto el aguinaldo y el salario escolar ha provocado amplia indignación y rechazo automático de diputados y diputadas de la República, así como organizaciones sociales y ciudadanos.
Una conquista histórica de un país
El aguinaldo, ese ingreso adicional que cada diciembre permite a las familias costarricenses cerrar el año con dignidad, no fue un regalo de ningún gobierno ni la buena voluntad de los patronos. Es el resultado de décadas de luchas sindicales, de la visión socialdemócrata que dio forma al Estado costarricense y de decisiones políticas que pusieron al ser humano por encima del mercado.
Nacido en 1954, como símbolo de justicia social, el aguinaldo es hoy blanco de un gobierno que no duda en ponerle impuestos hasta a la Navidad, afirman los detractores de esta ocurrencia que llevó a la Asamblea Legislativa el actual ministro de Hacienda.
En 1954, durante la administración de José Figueres Ferrer, se firmó el Decreto Ejecutivo N.º 18, que reconoció por primera vez el aguinaldo como un derecho laboral obligatorio. Con ello, Costa Rica se unió a un grupo reducido de países que entendieron que el desarrollo no puede medirse sólo en cifras macroeconómicas, sino en justicia social concreta para quienes producen la riqueza.
Años después, en 1970, la Ley N.º 2412 consolidó este derecho estableciendo su cálculo, fecha de pago y carácter universal. El aguinaldo dejó de ser una dádiva navideña para convertirse en un derecho irrenunciable, protegido por el marco legal y respaldado por la jurisprudencia constitucional.
Un impuesto a la “plata que ya está ahí” pero no es del Gobierno
Setenta años después de aquel avance histórico, el gobierno de Rodrigo Chaves pretende dar un golpe a ese derecho conquistado: su ministro interino de Hacienda, Luis Antonio Molina, insinuó ante la Comisión de Hacendarios que se debe “cuestionar” la exoneración del impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar, calificando ese dinero como “plata que ya está ahí”.
La frase no es menor. Es la antesala de un proyecto que podría significar que cada colón que las familias reciben en diciembre sea reducido por el apetito recaudador de un gobierno que no toca los privilegios de las grandes corporaciones ni importadores.
Según se recoge de las opiniones en contra, gravar el aguinaldo no es una simple “medida técnica”: es un ataque ideológico al Estado social costarricense. Significaría retroceder en derechos conquistados hace más de medio siglo y abriría la puerta para desmontar otros logros históricos, como el propio régimen de garantías sociales.
Mientras tanto, las zonas francas siguen gozando de millonarias exoneraciones y los grandes evasores continúan impunes, ante la ausencia de planes eficientes para combatir el fraude fiscal o exigir contribuciones justas a quienes más tienen. Ni la evasión fiscal, ni la elusión fiscal, banderas de la campaña política de Rodrigo Chaves en el año 22, tuvieron intentos de solución real.