El fiscal general Carlo Díaz respondió las preguntas de la diputada oficialista Paola Nájera indicando que es consciente de que el Gobierno pretende dañar mi imagen de manera sostenida.
Díaz afirma que esa pretensión nació justo después de que empezó la investigación por el caso Barrenador, así como otro caso de investigación, que fueron “autorizados por jueces de la República, ejecutados en dos entidades de gobierno y fundados en la probabilidad razonable de la comisión de presuntos delitos de corrupción”.
El fiscal refutó las intenciones de la diputada en esa línea y explicó que los gastos de su viaje, ni los de su pareja, fueron cubiertos por el Estado costarricense. Además acusó a la legisladora de provocar violencia política en contra de su pareja, al exhibirla en redes del fanatismo chavista.
Díaz sostiene que su actuación antepone “el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez”.
La respuesta del fiscal surge después de que la diputada Nájera hurgara en un viaje que Díaz realizó a Atenas, Grecia, a una conferencia internacional de lucha contra las drogas denominada “Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales”. La solicitud de explicaciones de la diputada del Gobierno se divulgó públicamente, exponiendo la identidad de una acompañante, quien ha tenido que enfrentar violencia en su contra e insultos por parte de los fanáticos chavistas.
Aunque la diputada oficialista cuestionó sobre los gastos en que incurrió el fiscal en este viaje, Díaz aclaró que “la organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación”.
Asimismo, agregó, “así “como consta en la invitación oficial de la DEA, esta agencia
federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional”. Es decir, tanto sus gastos como los de su acompañante, Arelys Mora, fueron cubiertos por la organización y no por el estado costarricense.
“En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar”, explicó el fiscal Díaz. “El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales”, añadió en su comunicado público.
“Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución”, aclaró Díaz.
Díaz se mostró muy molesto por la forma en que la diputada cartaginesa Paola Nájera expuso “la identidad y la fotografía de la señora Mora”, al hacer público “el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, -y el morbo que ello ha generado- ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad”, expresó Díaz.
Agrega el fiscal que “inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país”.
También explicó el fiscal Díaz que su pareja, Arelys Mora, “se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical que tiene la institución, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y, adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General”.
Según el fiscal se trata de ataques que buscan socavar independencia de la Fiscalía y la institucionalidad de parte del actual Gobierno. Agregó que esos ataques no lo amedrentan en su trabajo independiente “con decisión, valentía y fortaleza, apegados a la legalidad con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distingo alguno”.
Informó también el fiscal que, en el marco de esa actividad, tuvo “una reunión con la señora Anne Milgram, administradora de la DEA, para fortalecer la persecución contra el narcotráfico y tratar asuntos relativos a este tema, que están protegidos por la privacidad de las investigaciones, una oportunidad que únicamente tuvimos 15 de los 134 países participantes, lo cual evidencia la confianza que ese órgano ha depositado en mi persona, como representante del Ministerio Público, y la relevancia de nuestro país como socio estratégico del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo”.

