La Región* | Un grupo de católicos de San Carlos solicitó al Papa León XIV y a la Nunciatura Apostólica en Costa Rica una investigación sobre la administración de bienes eclesiales y la creación de sociedades anónimas relacionadas con la Diócesis de Ciudad Quesada.
Según un documento al que tuvo acceso La Región, la solicitud fue dirigida al arzobispo Mark Gerald Miles, Nuncio Apostólico, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y al propio Pontífice. Los firmantes piden esclarecer, entre otros temas, el uso de infraestructuras construidas con aportes de la comunidad católica y el vínculo de personas cercanas al Obispo José Manuel Garita Herrera con varias sociedades registradas en el país.
Denuncian cambio de uso en obras religiosas
El grupo de creyentes expresa su preocupación por la transformación de espacios religiosos en supuestos negocios privados. En el documento señalan que “se han realizado modificaciones estructurales y cambios en el objetivo de obras destinadas a la formación espiritual o grupos apostólicos, para ser rentadas a particulares y entidades públicas como la Municipalidad de San Carlos, convirtiéndolas a su criterio en negocios mercantilistas”.
Entre los ejemplos citados mencionan la Parroquia Catedral San Carlos Borromeo, donde según el documento se habrían ejecutado cambios en el altar y el presbiterio considerados innecesarios por los firmantes, especialmente ante “la escasez de recursos económicos y las grandes necesidades materiales de los conciudadanos”, así como por su valor arquitectónico y patrimonial.
Piden investigar tres sociedades anónimas
Los firmantes del documento enviado al Vaticano y otras autoridades de la Iglesia Católica piden una investigación sobre tres sociedades anónimas en las que figuran colaboradores cercanos del Obispo y personas vinculadas a la Diócesis.
Entre ellas mencionan Alta Gracia Culinaria de Occidente S.A., donde aparece como presidente Ignacio Aníbal Mesén Aguilar, y como secretaria Ana Lucía Garita Herrera, hermana de Monseñor Garita Herrera.
También piden revisar Ubuntu TechS.A., constituida el 16 de mayo de 2024, en la que inicialmente Mesén Aguilar fue presidente, junto con Andrea Guzmán Alfaro, contadora de la Diócesis. En febrero de 2025, Mesén Aguilar renunció y la presidencia pasó a José Miguel Pérez Sánchez.
Los firmantes señalan además que Mesén Aguilar figura en el Registro Público Nacional como apoderado de Temporalidades de la Iglesia Católica.
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13 puntos contiene el documento que piden ser investigados
El documento, que contiene 13 solicitudes específicas, incluye certificaciones del Registro Público y cuestiona cambios en proyectos como el Colegio María Inmaculada (actual Colegio Diocesano), el Centro de Comunicaciones (CENCO) y la antigua Curia Diocesana, un edificio donado a la Iglesia con un fin específico y actualmente alquilado a la Municipalidad de San Carlos.
Asimismo, los feligreses piden esclarecer la situación del fondo de los pobres, supuestamente constituido en un fideicomiso en Coocique durante la gestión de Monseñor Eladio Sancho, y que habría alcanzado más de ₡500 millones.
Llamado a la unidad eclesial
Los firmantes concluyen su petición señalando que su propósito no es de confrontación, sino de transparencia y fortalecimiento de la fe:
“Nuestro único propósito es fortalecer la fe y la unidad de la Iglesia Católica en la Diócesis de Ciudad Quesada, a la cual amamos entrañablemente”, expresan los firmantes.
Aportan pruebas certificadas por el Registro Público
Dentro de la documentación, los católicos de la Diócesis de Ciudad de Ciudad Quesada aportan pruebas documentales y certificadas por el Registro Público de las sociedades entre el Ignacio Mesén y la hermana de Monseñor José Manuel Garita, Ana Lucía Garita Herrera y entre Mesén y la contadora de la Diócesis Andrea Guzmán Alfaro.
También este medio tuvo acceso a la carta que los padres de familia del Colegio Diocesano, dirigieron al Ministerio de Educación pidiendo conocer los resultados de una auditoría realizada a ese centro de enseñanza, propiedad de la Iglesia y que es subvencionado por el Estado Costarricense.
La Región solicitó al vocero diocesano Gerardo Mora la posición de Monseñor José Manuel Garita al respecto y estamos atentos a la repuesta en relación con este tema para dar seguimiento al caso.
*En alianza informativa con Laregion.cr