La campaña de Chaves tuvo 2 estructuras paralelas y en una el presidente Rodrigo Chaves Robles es implicado directo, según algunas de las conclusiones de la comisión legislativa que investigo el asunto.
La Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos entregó hoy su informe de mayoría después de varios meses de una extensa investigación sobre cómo fueron financiados los partidos políticos durante la campaña presidencial 2021-2022.
Este informe fue firmado por los representantes de los partidos Liberal Progresistas, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Liberación Nacional, no así por el partido fabricista Nueva República y el oficialismo. Se desconoce al cierre de esta nota si Nueva República firmará el informe de minoría que redactó el oficialismo, sin embargo, la consulta ya se realizó. Lo firman los diputados Ariel Robles, Vanessa Castro, Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Jorge Manuel Dengo.
Informe: Chaves tuvo 2 estructuras paralelas ilegales
Según el informe de mayoría, “existen suficientes elementos para determinar que se operó al menos dos estructuras paralelas que financiaron la campaña presidencial del ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y las candidaturas de diputaciones del Partido Progreso Social democrático”.
El primero es de “Costa Rica Próspera”, en el cual se administraron fondos recogidos por donaciones y que se usaron para gastos de la campaña de Chaves Robles y sus candidatos a diputaciones. “Rodrigo Chaves Robles fue actor intelectual, partícipe y tomador de decisiones en todos los alcances del Fideicomiso Costa Rica Próspera“, enuncia el informe.
Dentro de los gastos de campaña pagados se incluyen para el funcionamiento de un supuesto “call center” de campaña, según habría sido indicado por testigos que fueron convocados a la comisión. También el pago de viáticos y otros gastos de las campañas de candidaturas como las de los actuales diputados Paola Nájera y Manuel Morales.
También se incluyen gastos para el pago de la “Casa Progreso” y el “pago de material audiovisual para la campaña, por un monto total de $310.666.42 y ₡35.747.749,42 según el informe IDI-DFPP-001-2021 del Tribunal Supremo de Elecciones”, concluye el informe.
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Más aún: “Se determinó que el fideicomiso Costa Rica próspera mediante su fiduciario Ata Trust Company S.A, pagó a la empresa Madisson Revolution S.A, facturas por un monto cercano a los $83.724,36, además una factura pagada a la misma empresa por el señor Jack Loeb Casanova por un monto de $49.861,25; montos pagados en función de la campaña electoral 2022 a favor del Partido Progreso Social Democrático y utilizados entre otras cosas para pautar en los canales de televisión 6 y 7. Dichos montos se pueden verificar también en el expediente 22-000027-1623-CI, incoado por la empresa Madisson Revolution S.A contra Rodrigo Chaves Robles, Pilar Cisneros Gallo y el Partido Progreso Social Democrático, por adeudarles aún sumas por concepto de productos audiovisuales de la misma campaña electoral del 2022″.
El informe asimismo encuentra que el fideicomiso Costa Rica Próspera era administrado “al margen de la legalidad por el señor Arnoldo André Tinoco y bajo la tutela y orientación del señor Rodrigo Chaves Robles”.
Aparte de trabajar al margen de la legalidad electoral, el fideicomiso recibió dinero de personas jurídicas (sociedades anónimas), situación que está claramente prohibida por el Código Electoral, según el artículo 128 del Código Electoral.
Para llegar a esas conclusiones la comisión legislativa determina que Chaves Robles fue electo candidato del partido Progreso Social Democrático desde el 4 de julio de 2021 y fue ratificado el 19 de setiembre de ese mismo año.
Además, el fideicomiso nunca fue avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones y, según un audio filtrado, tanto Rodrigo Chaves como Stephan Brunner “tenían conocimiento de la ilegalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera en el uso para la campaña electoral 2022”.
Sofía Agüero y Jack Loeb
La otra estructura paralela que quedó claramente identificada, según el informe, fue el que administró Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Waldo Agüero, quien recibió la suma de $195.816.27 proveniente del señor Jack Loeb Casanova para gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático, así como de la diputación del señor Agüero y otros aspirantes por San José.
Esos dineros fueron usados incluso para el pago de servicios y publicidad en medios de comunicación, aunque tampoco fue avalado ni registrado por el Tribunal Supremo de Elecciones.
El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, anotó lo siguiente ante la prensa sobre el informe y las recomendaciones emitidas:
Recomendaciones de la comisión
Aparte de aprobar el informe por parte del plenario legislativo, la mayoría de la comisión recomiendan varios aspectos relevantes.
Entre ellas, “tramitar iniciativas de ley que permitan fiscalizar a profundidad el financiamiento a favor de partidos políticos, procedencias o no de responsabilidades políticas y el uso adecuado de tecnologías de información
387 y redes sociales”.
También iniciativa de ley que “permitan cerrar portillos a comportamientos y prácticas delictivas, o de insana participación y competencia”.
También recomiendan “que se prohíba utilizar a ciudadanos costarricenses, como testaferros de personas extranjeras que quieran usufructuar con la democracia costarricense. En ese sentido, debe obligarse a que los donantes nacionales declaren el origen de sus recursos, de manera que, si provienen directamente de manos extranjeras, igualmente les cubra la prohibición”.
“Se recomienda regular o prohibir la cesión de bonos electorales a cambio de bienes, servicios o créditos que pretendan eludir los controles de donación ante el Tribunal Supremo de Elecciones”, agrega el documento.
También se insta a crear iniciativa de ley para penar el “uso de campañas de desinformación electoral y noticias falsas por cualquier red social con fines electorales; crear sanciones más rigurosas ante el uso de fideicomisos irregulares y sin aval del Tribunal Supremo de Elecciones”.
El informe además será enviado al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio de Público para aportar en la investigación legal por los presuntos delitos que implica el informe.