Existe dudas serias. Por eso un grupo de legisladores interponen consulta de constitucionalidad por proyecto de ley contra la delincuencia organizada , con el propósito de dilucidar si no hay violación de derechos fundamentales.
Se trata de una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley Nº 22.834 “Reforma a la Ley 8.754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”.
Los diputados y diputadas cuestionan la violación al derecho de propiedad privada y la presunción de inocencia, que son derechos sagrados en el ordenamiento jurídico del país.
Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), junto con otros legisladores de al menos tres fracciones más, interpusieron la consulta, aunque la ley ya fue aprobada en primer debate, el momento preciso para hacerlo.
Según el PLP, el proyecto “la reforma permitiría al Ministerio Público solicitar medidas cautelares anticipadas, como el secuestro de bienes, sin necesidad de una denuncia formal y sin la presentación de pruebas suficientes. Esta disposición socava el principio de presunción de inocencia, un pilar fundamental del Estado de derecho, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del ciudadano, quien se vería obligado a demostrar el origen lícito de sus bienes sin que el acusador deba presentar evidencia contundente de su culpabilidad”.
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“En segundo lugar, los diputados del PLP advierten que el proyecto de ley impone plazos irrazonables para que los ciudadanos ejerzan su derecho de defensa. Con solo tres días para responder a las medidas cautelares, se pone en riesgo la capacidad del acusado de presentar una defensa adecuada, lo que va en contra de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir cualquier proceso judicial en un Estado democrático”, justifica el partido proponente.
“Por último, se cuestiona la vulneración del derecho constitucional a la propiedad privada. Al permitir que el Estado se apropie provisionalmente de bienes y productos financieros sin pruebas concluyentes de su ilicitud y sin garantías claras sobre la conservación de estos bienes durante el proceso, se amenaza con dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión frente a una posible arbitrariedad del poder estatal”.
Así lo explica el diputado Diego Vargas, jefe de fracción de la agrupación política proponente:
La iniciativa la firman congresistas como Carlos Felipe García y Vanessa Castro, del PUSC, Pablo Sibaja y Fabricio Alvarado de Nueva República, así como Paulina Ramírez y Dinorah Barquero del PLN:
“El PLP votó en contra de este proyecto y trabajó para que el texto fuera menos dañino, pero aún así sigue siendo una amenaza. La defensa de estos derechos es esencial para la preservación de nuestra democracia y la garantía de que el poder del Estado no se convierta en una herramienta de injusticia”, comunicó la bancada liberal.