Por Alonso Bolaños Rojas* | En Costa Rica ha vuelto a instalarse un debate que, lejos de ser nuevo, resurge cada cierto tiempo con distintos protagonistas: la conveniencia de mantener —o debilitar— la protección de los derechos de autor.
La discusión suele presentarse como una pugna entre “el pueblo” que quiere música gratis y “las corporaciones” que cobran de más. Es una simplificación peligrosa. Lo que realmente está en juego no es si un restaurante debe pagar por la música de fondo; es si Costa Rica quiere seguir siendo un país que compite por talento, inversión y prestigio cultural, o si prefiere ceder ese terreno a quienes sí protegen la creación.
Vale la pena decirlo con claridad: nadie se sorprende de que un restaurante pague por los ingredientes, la electricidad, el alquiler o el salario de su personal. Pero cuando se trata de pagar por la música que ambienta ese mismo negocio, aparece la idea de que el trabajo artístico debería ser gratuito. Esa asimetría revela más sobre cómo subestimamos el valor del trabajo creativo que sobre las supuestas fallas del sistema de derechos de autor.
Un problema de incentivos, no de buenas intenciones
Desconocer los derechos de autor —permitir que libros, canciones, software, diseños o películas se copien y comercialicen sin autorización ni pago al autor— no es un acto de justicia social. Es, en el mejor de los casos, un espejismo de corto plazo con una factura de largo plazo.
En lo económico, el efecto inmediato es la fuga de creadores hacia jurisdicciones donde su trabajo sí genera regalías. En paralelo, empresas de contenido y tecnología —de streaming, software, diseño— tienden a limitar su inversión en mercados donde la protección legal de sus productos es débil o incierta; nadie arriesga capital en catálogos o desarrollos que pueden copiarse el primer día sin consecuencia. Las industrias culturales locales —editorial, música, cine, videojuegos— quedan expuestas a competir contra copias sin costo, lo que erosiona empleo formal y recaudación tributaria. Y no es un asunto menor para un país como Costa Rica, cuyos tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y el bloque de la OCDE incorporan capítulos obligatorios de propiedad intelectual: debilitar esa protección compromete beneficios arancelarios ya negociados.
En lo cultural, el costo es más silencioso pero igual de real. Un país donde el autor no recibe ingreso por su obra termina produciendo menos obra propia y dependiendo de contenido importado. La calidad también se resiente: sin ingresos sostenibles, pocos creadores pueden dedicarse de tiempo completo a su oficio, y el nivel profesional cede terreno frente a mercados donde sí existe esa posibilidad. Hay, además, un riesgo específico para el patrimonio: cuando un país no ejerce ni defiende su titularidad cultural, terceros —incluidas multinacionales— pueden apropiarse comercialmente de expresiones folclóricas, artesanales o musicales que deberían pertenecer a la colectividad nacional.
En lo legal y diplomático, Costa Rica ya conoce este terreno. El país ha figurado en el pasado en las listas de vigilancia del Reporte Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el instrumento que anualmente evalúa el respeto a la propiedad intelectual en el mundo. Estar ahí no implica sanciones automáticas, pero sí una señal de alerta ante inversionistas y socios comerciales, y una exposición a reclamos bajo tratados internacionales como el Convenio de Berna, los acuerdos de la OMPI o el ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. A esto se suma un riesgo menos discutido: el uso masivo de software sin licencia —una consecuencia directa de normalizar la copia— multiplica la exposición a vulnerabilidades de ciberseguridad en sistemas bancarios, hospitalarios y gubernamentales.
En lo social, normalizar “lo gratis sin esfuerzo” tiene un costo educativo e innovador. Las editoriales reducen su interés en producir material actualizado para mercados pequeños y poco protegidos; el acceso institucional a revistas científicas y bases de conocimiento se encarece o se restringe. Y como los derechos de autor y las patentes comparten una misma lógica de incentivo a la creación, debilitar el respeto a uno tiende a debilitar el respeto al otro, con efectos negativos sobre la inversión en investigación y desarrollo.
La evidencia no es ambigua
No existe un país desarrollado que haya construido su prosperidad eliminando la protección a la creación intelectual. El caso de China es ilustrativo: durante décadas mantuvo un régimen laxo de propiedad intelectual mientras operaba como “fábrica del mundo”; desde comienzos de este siglo endureció sustancialmente su legislación, un giro que coincidió con su transición hacia una economía que también exporta creación —marcas, plataformas, tecnología propia—.
En América Latina, el caso de Perú ofrece un dato concreto y verificable. Según el estudio “Contribución económica de las industrias creativas con base en los derechos de autor en el Perú”, elaborado por la Universidad del Pacífico con apoyo de la Cooperación Suiza y difundido por INDECOPI, entre 2010 y 2018 el aporte de estas industrias a la economía peruana creció 39%, al pasar de S/13,400 millones a S/18,600 millones, mientras el empleo generado subió 11%, de 636,205 a 703,654 puestos de trabajo. La entonces presidenta de INDECOPI lo resumió con precisión: el derecho de autor no es solo un asunto de identidad nacional, es una industria que genera empleo real y medible.
El patrón que documenta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en distintos países es consistente: las economías con protección robusta de la propiedad intelectual tienden a concentrar simultáneamente mayor aporte al PIB y mayor empleo formal en industrias creativas; las economías con protección débil tienden a mostrar ambos indicadores rezagados. Ningún país que haya transitado de economía en desarrollo a economía avanzada lo hizo debilitando su marco de propiedad intelectual.
El espejismo del corto plazo
Es cierto que desconocer los derechos de autor produce un beneficio inmediato y visible: acceso gratuito a contenido. Pero ese beneficio tiene fecha de vencimiento. Es, en esencia, comerse la semilla en lugar de sembrarla: hay maíz hoy, pero hambruna mañana. A los pocos años, el país deja de producir autores propios, pierde industrias culturales competitivas y cede su soberanía creativa a cambio de una gratuidad que termina resultando más cara de lo que parecía.
Esto no significa que el sistema de derechos de autor sea perfecto ni que deba quedar exento de escrutinio. Las economías más sanas combinan protección firme con excepciones razonables —uso educativo, bibliotecas, licencias obligatorias en salud— que equilibran el interés del creador con el interés público. Esa es una discusión de mejora institucional, perfectamente compatible con la defensa del derecho de autor como principio. Lo que no resiste el análisis económico ni la evidencia comparada es la idea de que Costa Rica estaría mejor si dejara de proteger la creación intelectual.
El país tiene ante sí una decisión que trasciende cualquier disputa coyuntural: seguir el camino de las economías que invirtieron en proteger a sus creadores para cosechar industria, empleo calificado y prestigio internacional, o ceder a la tentación de lo gratuito inmediato y pagar, más adelante, con lo que ya no se puede recuperar fácilmente: el talento propio.
*Alonso Bolaños Rojas. Experto Valuador de Intangibles – Máster en Ciencias Económicas.