La legisladora Paulina Ramírez denunció que el crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la Torre de la Esperanza, por $ 250 millones, no solo resulta innecesario sino que genera serias dudas sobre el procedimiento seguido y además supera en ₡ 55.255 millones el costo real de la obra.
Según explica la diputada, llega a esa conclusión ante respuestas que le dio la Gerencia Financiera de la Caja ante sus consultas sobre el financiamiento de esa importante obra para cuidados intensivos de la población infantil.
“Recibí toda la documentación sobre este caso y me alarma ver que la pésima gestión de
crédito se trasladó de Hacienda a la Presidencia de la Caja”, señaló Ramírez.
Según la legisladora verdiblanca, el crédito fue obtenido de forma dudosa y aparentemente irregular, porque según informó la Gerencia Financiera de la CCSS, “la reserva realizada por ₡ 71.959 millones es “un monto suficiente para cubrir las obligaciones contractuales derivadas de este proyecto”. Para completar ese monto, ₡ 33.103 millones provienen de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, mientras que los ₡ 38.856 millones restantes fueron aportados en condición de un financiamiento parcial y temporal trasladados de las reservas del Seguro Social.
Es decir, en sencillo: se necesitan 71 mil millones de colones para la obra, de los cuales 33 mil millones son ahorros del Fodesaf y los 38 mil millones restantes los financian fondos de la propia CCSS a manera de crédito, mientras se completan los fondos durante unos diez años que provienen por ley de Fodesaf.
Entonces, el crédito por $250 millones (125 mil millones de colones) no solamente se obtuvo sin ser necesario, sino que sobrepasa el costo real de la obra que son cerca de 71 mil millones de colones, según datos oficiales de la CCSS. Entonces, ¿para qué los 54 mil millones de más que se solicitaron y representa una deuda más para el Estado costarricense con altos costos en pago de intereses?
La Gerencia Financiera explicó que “tomar recursos de forma temporal del saldo de la Caja de Seguro Social, no generaría afectación en la disponibilidad de fondos”. El Comité de Inversiones acordó la autorización del reforzamiento de la reserva en sesión 159-2025. También resolvió que “se proceda a recuperar conforme lo establecido en ley
10.440”.
Aparte de esa decisión apresurada e innecesaria por parte del Gobierno, la CCSS alerta que el crédito se asumió de mala manera y de forma contraproducente: “las políticas en materia de endeudamiento han requerido como un elemento base la aprobación inicial de la intención de créditos internos y/o externos de la Junta Directiva. Debieron buscarse diferentes alternativas en el mercado nacional e internacional”, explican.
¿Por qué tanta desesperación de adquirir créditos con el BCIE si no convienen al país ni mucho menos a la CCSS? Con el prestigio afectado de esa institución bancaria internacional, las dudas y sospechas afloran.
La Gerencia Financiera asevera que para “la CCSS no resulta viable apartarse de la responsabilidad de DESAF para el financiamiento del total de los costos asociados al citado proyecto (Torre de la Esperanza), y que el Seguro de Salud asuma el pago de intereses para concretar un crédito con el BCIE”.
“En otras palabras, no hace falta un crédito y con la normativa que impulsé, garantizamos que anualmente FODESAF gire los recursos necesarios para que en menos de diez años la obra esté completamente pagada”, explicó Ramírez.
La CCSS también advirtió que “también cuestiona la comisión de compromiso o bien la contratación de una auditoría externa como un requisito adicional para concretar un crédito, lo que representaría “gastos no convenientes para ser asumidos por la CCSS”. Alertó que existe toda una normativa que regula el endeudamiento público por lo que se requiere autorización de varias entidades y validarse la Política de Endeudamiento vigente aprobada por la Junta Directiva”.