Randall Ótarola, viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, dio a conocer la propuesta del Gobierno del inicio de consultas para elaboración de política pública para pueblos indígenas.
“Realizar una consulta durante una pandemia representa un desafío para el país; para cumplir con el objetivo se están elaborando protocolos y diversas estrategias para asegurar que la población indígena pueda participar de forma segura de la consulta”, indicó Ótorola.
En el 2016 la entonces Viceministra, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, afirmó: “El Estado costarricense ha acumulado una lista muy amplia de deudas con los pueblos indígenas a lo largo de la historia, por lo que para esta Administración, es un reto lograr consolidar una de las demandas de más larga data en nuestro país, como lo es el mecanismo general de consulta”.
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Sin embargo, aunque dicho proyecto tenía como objetivo principal consolidar proyectos que garanticen el bien común de los territorios indígenas, a nivel de legislación dicho avance ha sido de poco a nulo.
En ese entonces la consulta se realizaría a ocho pueblos de 24 territorios con el objetivo de tomarlos en cuenta en el desarrollo de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
La obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas deriva de varios tratados internacionales como el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como instrumentos jurídicos costarricenses.
En esta ocasión el Gobierno de Carlos Alvarado busca gestionar un proceso participativo que se une a otras acciones como la declaratoria de interés público del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas en los próximos seis años.
A continuación, un resumen de los cuatros ejes que actualmente se elaboran:
Autonomía y territorialidad. Tiene como objetivo garantizar el respeto y reconocimiento del marco jurídico y de las fuentes de derecho indígena para el pleno ejercicio de la territorialidad, gobernabilidad y autodeterminación.
Proyecto que manejan desde el año 2015 en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Viceministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), para lograr la regulación de las tierras de los territorios indígenas del país, tema que continúa generando tensiones en las distintas zonas.
Desarrollo indígena. Busca promover el desarrollo indígena de los pueblos, por medio de una herramienta técnica y política, que facilité direccionar las intervenciones públicas en aras de una prestación de servicios eficiente y con pertinencia cultural.
Bienestar social. Su propósito es mejorar la calidad de la vida de los pueblos indígenas mediante eliminar desigualdades, brechas de género y garantía entre otros.
Eficiencia institucional en la atención a la población indígena. Este eje busca garantizar el acceso efectivo y uso óptimo de los pueblos indígenas a los servicios provistos del Estado.
En el comunicado dado a conocer por Casa Presidencial no indican el tiempo estimado para concluir con dicha consulta, y concretar el desarrollo de una política integral, sin embargo, este medio está a la espera de la contestación al respecto.