El respaldo a la mayoría de las decisiones concretas de la presidenta Laura Fernández Delgado no llega al 50%, pese a que su calificación personal es la más alta del Poder Ejecutivo, según la encuesta “Percepción de la población costarricense sobre la labor del Gobierno y la Política Nacional” de IDESPO-UNA.
El estudio, realizado del 12 al 22 de agosto de 2026 con 746 entrevistas telefónicas y un margen de error de ±3,6 puntos, otorga a Fernández Delgado una nota media de 6,98 sobre 10 en su primera medición como mandataria. Es la calificación más alta entre todas las figuras del Poder Ejecutivo consultadas.
Rodrigo Chaves, por su parte, es el funcionario con la calificación más baja, con un 6,2 como nota por su trabajo.
La diferencia entre la calificación a Fernández y a sus decisiones
Sin embargo, al desglosar el respaldo por acción concreta de gobierno, el panorama cambia. Solo un enunciado supera el 50%: las críticas de la presidenta al Poder Judicial, con 50,4% de acuerdo.
Se trata de una disputa discursiva de la mandataria contra el único de los tres poderes de la República que no le responde a su mayoría legislativa ni a su nombramiento, no de una política pública con resultados verificables. Es, además, como lo ha dicho Rodrigo Chaves, el único poder de la República que no dominan y quieren manejar en su proyecto autoritario.
En ciencia política, esta distancia entre la valoración personal de una figura y el respaldo a sus decisiones concretas, se conoce como la diferencia entre apoyo difuso y apoyo específico, categorías desarrolladas por David Easton.
El resto de las acciones evaluadas queda por debajo de la mitad de la población. El proyecto de Armonización Eléctrica registra 49,5% de acuerdo; la forma en que la presidenta se expresa respecto a otros poderes e instituciones, 47,2%; y sus críticas al Poder Legislativo, 46,8%.
Las decisiones con menor respaldo son la posición del Gobierno de permitir la minería a cielo abierto en Crucitas, San Carlos (36,1%), la propuesta de vender activos del Estado para pagar la deuda pública (32,1%) y el manejo del problema de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23,0%), la calificación más baja de todas las acciones consultadas.
En el conflicto específico entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional por la permanencia temporal de magistrados suplentes, el 48,3% respaldó la decisión de la propia Sala de mantenerlos en sus cargos, mientras que la querella presentada por el Gobierno contra cuatro magistrados obtuvo 41,5% de acuerdo y la forma general en que el Ejecutivo ha manejado ese conflicto, 36,4%.
Por otro lado, las universidades públicas persisten con la calificación más alta, mucho más que el mismo Poder Ejecutivo y demás instituciones, lo que demuestra un respaldo de la población, a pesar de las ingentes descalificaciones y ataques del Ejecutivo y sus fanáticos más resentidos.
Entre septiembre, 2022 y agosto, 2026, la calificación que los costarricenses dan a los tres poderes de la República no muestran diferencias significativas entre sí, a pesar de los ingentes ataques del Ejecutivo al Judicial. En este momento, prácticamente no hay diferencia, a pesar del margen de error:
