Los derechos de autor de los escritores no tuvieron quien los defendiera en los proyectos de inteligencia artificial de la Asamblea Legislativa. La Cámara Costarricense del Libro confirmó que no fue consultada y anunció que pedirá audiencias a todas las fracciones; si es necesario, acudirá a la Sala Constitucional.
“Este atropello viola la Ley de Derechos de Autor y los convenios internacionales en ese campo, firmados por nuestro gobierno”, dijo a CulturaCR.net Óscar Castillo, de la Cámara, sobre el proyecto que perdió en comisión la prohibición de entrenar IA con obras protegidas sin permiso.
A diferencia de la música, las obras escritas no tienen en Costa Rica una entidad que cobre por su uso. La Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos (ACODERE), creada en 2012, nunca llegó a recaudar; ahora se reorganiza con autores jóvenes y promete incluir la IA entre sus preocupaciones.
En la primera parte de esta serie, CulturaCR.net documentó cómo la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación eliminó del expediente 24.484 la prohibición de usar obras protegidas para entrenar sistemas de IA sin autorización de sus autores. Ni la Cámara del Libro ni ACODERE figuraban entre las entidades consultadas.
Escribió con certeza Noam Chomsky que la IA es un enorme plagio al saber humano, pero otros también han expresado que se trata de un enorme robo al conocimiento humano a través de los libros.
Actualmente, se ha denunciado que Anthropic compró millones de libros físicos, les retiró el lomo para escanear cada página y posteriormente desechó los ejemplares. La práctica quedó documentada en expedientes judiciales del caso de derechos de autor contra la empresa y formó parte de un proceso interno conocido como «Proyecto Panamá».
Otras IA, incluyendo ChatGPT, usan boots para descargar contenidos de páginas web en todo el mundo, mediante trucos para no hacer sospechar de hackeo. Las empresas de la IA usan toda la creación humana para entrenar a sus modelos.
Aunque el problema es mundial, en Costa Rica es lamentable el estado actual de la lucha por los derechos de autor y propiedad intelectual, durmiendo el sueño de los justos o, como decimos en el país, está “dormido en los laureles”.
La Sala IV como opción
“Estudiamos el proyecto de ley y, por supuesto, estamos preocupados por el poco respeto a la creación literaria de nuestros escritores”, declaró Óscar Castillo, presidente reiterado de la Cámara Costarricense del Libro.
Según Castillo, la Cámara solicita audiencias con todas las fracciones legislativas con poco éxito, y Castillo no descarta el camino judicial:
“Iremos a la Sala Constitucional, si es necesario”, asevera.
Revivir ACODERE
La Cámara Costarricense del Libro organizó ACODERE en 2012, en plena discusión sobre el fotocopiado de libros en las universidades. La idea era que las fotocopiadoras reprodujeran textos educativos de forma legal, a cambio de un pago por derechos de autor que se repartiría entre autores y editores.
Catorce años después, la entidad no ha cobrado un colón. “ACODERE no ha llegado a la etapa de recaudación”, reconoció Castillo. Muchos menos pensar en acudir a las organizaciones internacionales en la lucha contra el plagio y apropiación que realizan las empresas de IA.
Según Castillo, ACODERE se reactiva desde octubre con base principalmente en autores, “sin excluir ni ignorar a los editores”, y se reorganiza “con autores jóvenes y muy entusiastas”. Cuenta con el apoyo del Grupo Iberoamericano de Editores (GIE) y de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO).
La inteligencia artificial entrará en esa agenda. “Tanto la Cámara como ACODERE incorporarán la IA a sus actividades y preocupaciones”, dijo Castillo, quien adelantó acciones sobre el uso de la IA en la industria editorial a partir del 2 de febrero. Es una ilusión nueva, pero una promesa de viejos proyectos que nunca lograron fuerza.
Afuera ya se licencia
En otros países, las entidades de gestión de obras escritas ya trabajan para cobrarle a la IA. En España, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), miembro de IFRRO, firmó un acuerdo con la organización estadounidense RSL Collective para que autores y editores decidan si licencian sus obras para entrenar modelos de IA y en qué condiciones.
En Costa Rica, ese modelo requiere primero una entidad que funcione. Para cobrar, toda sociedad de gestión colectiva requiere la autorización del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la oficina que autoriza y revoca su funcionamiento.
La música sí cobra
En la música, el cobro existe. La Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) cobra licencias a bares, restaurantes, supermercados, radios y otros comercios que usan música, y reparte lo recaudado entre los titulares; según la asociación, de ese sistema dependen unos 5000 creadores costarricenses.
Ese cobro también ha estado bajo fuego. El expediente 23.702, de Eli Feinzaig y Leslye Bojorges, buscaba eximir a los comercios del pago por la música ambiental; la Comisión de Asuntos Económicos lo archivó el 24 de marzo de 2026, con 5 votos a favor y 2 en contra. En junio, el diputado José Miguel Villalobos anunció una ofensiva contra ACAM.
Para las obras escritas, en cambio, no existe ningún cobro: ni a las fotocopiadoras ni a las empresas que entrenan modelos de IA con libros, artículos y otros textos.
El costo de “lo gratis”
El economista Alonso Bolaños Rojas, valuador de intangibles, advirtió en una columna publicada en CulturaCR.net en julio que debilitar los derechos de autor ofrece solo una ganancia aparente:
“Es, en el mejor de los casos, un espejismo de corto plazo con una factura de largo plazo”.
Bolaños sostiene que, sin protección, “nadie arriesga capital en catálogos o desarrollos que pueden copiarse el primer día sin consecuencia”, y que “las economías más sanas combinan protección firme con excepciones razonables”.
En todo caso, parece que el horizonte no es halagüeño y, como lo conocimos en la primera parte de estos reportajes, la verdad es que estamos en pañales sobre este tema.