Sin que el Fondo se lo pida, el Gobierno estaría ofreciendo más de la cuenta en la negociación para acceder a un salvamento que saque al país al Estado de la crisis.
Esta es la tesis de Diputados Opositores del PRN, PLN e independientes fabricistas.
Este martes se llevó a cabo una reunión entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) con los jefes de todas las bancadas legislativas.
Y así conocer detalles de la negociación para el financiamiento por 1.750 millones de dólares.
Para los legisladores de oposición, las conversaciones que se sostuvieron con el FMI evidenciaron una vez más, que el Gobierno no cuenta con una ruta clara a largo plazo para generar una reactivación y estabilidad económica.
El diputado independiente Jonathan Prendas sostuvo que “el gobierno no ha presentado una hoja de ruta y el Fondo no ha impuesto ninguna medida’.
‘A esta altura del proceso, queda claro que desde la oposición necesitamos generar procesos de reactivación económica, contención del gasto y equilibrio fiscal antes que el país se precipite al barranco’, dijo el legislador.
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El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Rodolfo Peña manifestó que lo que hoy nos plantea el FMI es contrario a lo que nos ha dicho el Gobierno’.
En este caso, el socialcristiano pide aún más reestructuración estatal que la que el gobierno ya ha planteado.
‘No podemos quedarnos en una agenda cortoplacista como la que ha querido introducir el Poder Ejecutivo, dejando todas las medidas que se han postergado durante años y que tienen que ver con la eficiencia de la función publica”.e
Peña propone que se debe trabajar en una agenda país, desde el punto de vista estructural: revisión de instituciones, duplicidad de funciones en el Estado, cambios en la estructura productiva, y un plan a largo plazo del crecimiento del gasto en la función pública.
Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional (PRN) , dijo que “La conclusión más clara de esta reunión es que el Fondo Monetario nos vino a decir que el Gobierno nos estaba mintiendo’.
‘El FMI ni está pidiendo plazos ni los requerimientos como tal, no nos está poniendo metas específicas. El Fondo habla de una disminución de la deuda y una sostenibilidad del déficit primario’.
Además, Rodríguez afirmó que el Gobierno es quién ha propuesto nuevos impuestos.
Oficialismo. En las tiendas oficialistas, el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez defendió la agenda de recortes del Gobierno. Eso sí; el diputado así como los voceros del Ejecutivo han evitado hacer comentarios sobre las acusaciones opositoras en torno a las negociaciones con el FMI.
Sin embargo, la posición en el PAC no es monolítica. Diputados como Welmer Ramos han señalado que no es necesario acudir a la entidad económica para pedir un salvamento.
Proyectos ligados a la propuesta:
- Proyecto de ley de empleo público
- Decreto N° 42798-H sobre medidas para control y reducción del gasto público, que asegura el cumplimiento de la regla fiscal
- Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, que contempla la eliminación de la no sujeción a la renta del salario escolar.
- Proyecto de ley para modificar el tributo a casas de lujo.
- Proyecto de ley de aporte de utilidades de las empresas públicas del Estado
- Reforma a la Ley general de aduanas
- Proyecto de ley de renta global (acuerdo en el Diálogo Multisectorial).
- Proyecto de ley para que las pensiones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial (₡450.200) con cargo al presupuesto nacional no aumenten. Esto no afectaría a las pensiones del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se mantendría mientras la deuda pública no sea inferior al 60% del PIB.
- Proyecto de ley Impuesto especial sobre los premios de las loterías nacionales
- Proyecto de ley para la venta de la cartera de crédito de CONAPE (acuerdo del Diálogo Multisectorial).
El pasado lunes 11 de enero, las autoridades económicas de Costa Rica iniciaron conversaciones formales para alcanzar un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility, en inglés) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 1.750 millones de dólares.
Bajo ese acuerdo se inscribiría un programa de políticas macroeconómicas, financieras y estructurales de las autoridades para “garantizar la estabilidad económica del país a mediano y largo plazo, y para promover un crecimiento más fuerte, inclusivo y sustentable”.
De acuerdo con el Gobierno, en materia fiscal, las políticas irían orientadas a alcanzar la “sostenibilidad de la deuda pública”, ajuste y reducción del gasto público, además de una serie de reformas que serían aplicadas con la aprobación del proyecto de ley de empleo público.
Adicionalmente, la ruta con el FMI iría con un un plan de control y reducción del gasto público del 2021 al 2015, lo que “aseguraría el cumplimiento de la regla fiscal en transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales”.
“Las propuestas del Gobierno al FMI en materia fiscal tienen como eje central la reducción del gasto público, por esto más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo provendrá de la contención del gasto público primario. El aumento del IVA al 14% y el impuesto a transacciones financieras no son opciones viables”, destacó Elian Villegas, ministro de Hacienda.