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La pregunta que cientos de miles se hacen es: ¿por qué el Gobierno le teme tanto a la banca que ante la primer amenaza o la primera presión se doblega y retira los proyectos contra la usura bancaria?
Lo que realmente más asombra es que el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) normalmente presionan para proteger los intereses del Sistema Bancario Nacional y no de los costarricenses, según algunos diputados consultados por este medio. ¿Para quién trabajan realmente estas instituciones del Estado?, se preguntan.
“Hoy más que nunca este proyecto debe ser Ley de la República, porque pretende aliviar el bolsillo de los costarricenses”, expresó la diputada Frangie Nicolás en su cuenta oficial:
La diputada liberacionista se une así a la petitoria de su copartidario David Gourzong y al rojiamarillo Welmer Ramos, quienes impulsan esa ley en el Congreso.
Del mismo criterio que Nicolás es Ramos González, quien escribió que “si le urgía a Costa Rica desde hace meses, hoy urge aún más”.
“Debemos proteger a los costarricenses de la amenaza del coronavirus, pero, también, debemos protegerles de la esclavitud financiera a tasas de interés excesivamente altas”, agregó Ramos.
David Gourzong denunció días atrás que la diputada María Inés Solís del PUSC, quien se ha opuesto abiertamente a este proyecto en defensa de los intereses de los banqueros, condicionó el apoyo de la fracción del PUSC, que lidera en estos momentos, a cambio de no convocar ese proyecto, el expediente 20.861.
Sin embargo, Solís negó tal afirmación, pero Gourzong la sostuvo e indicó que la diputada del PAC Nielsen Pérez así se lo había hecho saber. Después Pérez negó haberle dicho eso al liberacionista, pero la duda quedó en el ambiente, por el compromiso de Pérez con el Gobierno.
En todo caso, la fracción del PUSC ha sido acusada por su oposición al proyecto en varias oportunidades, mediante mociones como las interpuestas por Pedro Pablo Muñoz, pero también en las manifestaciones públicas de María Inés Solís.