Un empresario venezolano aliado de Rodrigo Chaves asumió la responsabilidad de haber asumido el pago de vallas publicitarias que piden la renuncia a las autoridades de varias instituciones democráticas de Costa Rica, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el presidente de la Asamblea Legislativa y la Contralora General de la República.
Boris Marchigiani es un empresario turístico de Quepos fue candidato fracasado para ser alcalde del cantón de Quepos con el partido Pueblo Soberano, el partido chavista que crearon la ex funcionaria de Casa Presidencial Mayuli Ortega y que integra la ex ministra de Salud Jocelyn Chacón.
Al empresario venezolano le cuestionan tener criaderos ilegales de lapas y otras actividades inmorales en su hotel en Quepos. Marchigiani afirmó que pagó esas vallas porque hace uso de su libertad de expresión y no lo hace “como rodriguista”, sino “como costarricense” que considera que los 4 jerarcas de esas instituciones le hacen daño al país.
El empresario ya estuvo implicado en la política costarricense cuando aceptó haber contribuido en las campañas de varios partidos políticos para las elecciones del año 2014.
También Marchigiani está implicado en un asunto de comercialización del petróleo venezolano a inicios del siglo, cuando la empresa estatal PDVSA sufría la confrontación entre sus trabajadores y el gobierno del presidente Hugo Chávez. Estuvo implicado por presuntos “manejos oscuros en la comercialización del petróleo”, según explica un artículo de 2015.
Al parecer al empresario le gusta tener influencia en el poder político para obtener beneficios empresariales y que las leyes de un Estado democrático fuerte no permite. Según las referencias de su pasado en Venezuela, operó con el régimen de Hugo Chávez en la venta de petróleo.
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“Esto es un caso insólito de conflicto de intereses que sólo puede explicarse por la existencia de manejos oscuros en la comercialización”, declaró Ciro Izarra, ex gerente de Comercialización de PDVSA, quien recomendó a PDVSA prescindir de los servicios del portal electrónico Pepex -propiedad de Marchigiani-, para evitar conflictos de interés.
“Si estás obligando a tus clientes a utilizar la plataforma de Pepex, no puedes tener vínculos tan cercanos porque tarde o temprano eso puede acarrear demandas”, agregó Izarra en el artículo citado.
La diputada Pilar Cisneros afirmó ayer que el Gobierno no estaba implicado en la compra de esas vallas, pero era bastante claro que sí estaba implicado el chavismo activo que busca desmembrar la democracia costarricense en la búsqueda de un estado dictatorial donde solamente una persona o un grupo tenga el poder, sin el sistema de pesos y contrapesos de la democracia.
La injerencia de empresarios y personas de otros países en la política nacional no es aceptada en la legislación, pero si es una persona que se nacionalizó adquiere los mismos derechos políticos, aunque no puede ser electo en puestos de gran importancia para el país, como el de la Presidencia de la República.
En redes sociales y en manejo de cuestionadas campañas políticas también se ha conocido de extranjeros que buscan intervenir o influenciar en las decisiones del país. El pago de estas vallas publicitarias implica una responsabilidad de querer influir en los costarricenses contra las instituciones que garantizan la legalidad y la democracia.