Diputados de diferentes bancadas y la Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (Undeca) exigen ya destitución de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.
Hoy en plenario varios diputados, principalmente de Liberación Nacional, así como lo han hecho semanas atrás del Frente Amplio, del PUSC y de otras agrupaciones partidarias, insistieron en que la jerarca Marta Esquivel Rodríguez ha cometido una amplia lista de irregularidades que ameritan ya una destitución.
Undeca, en particular, solicitó al Consejo de Gobierno “la apertura de procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de una medida cautelar urgente de suspensión del cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel”.
Según Undeca la Contraloría General de la República ha revelado que Esquivel maquilló informes actuariales y se recetó un salario adicional de forma ilegal para su cargo.
La organización de trabajadores recordó que la alteración de los informes actuariales había sido denunciada por ellos desde meses atrás, “fundamentada en ilusorios déficits, alejados del procedimiento y la metodología del actuariado internacional”. Undeca reiteró que el único interés fue afirmar falsamente que la Caja estaba quebrada, cuando no era así.
“Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una Nota Técnica que confirmaba que había vicios, al detectar un aumento exponencial irrazonable, sobreestimado e inexplicable del gasto ordinario del Seguro de Salud (sin proyectos y programas) y diferencias entre el gasto ejecutado y la valuación actuarial de un 30,3%”, comunicó Undeca mediante un comunicado.
“También cuando la Procuraduría la denunció penalmente por tráfico de influencias y nombramiento ilegal, luego de acoger una denuncia presentada por UNDECA, por el nombramiento del ex directivo de la CCSS, Juan Ignacio Monge en el cargo de Gerente General”, agregó el comunicado.
Undeca afirma que la suspensión del cargo a Esquivel se debe dar por la salud de la institución, porque “se debe proteger y evitar una cadena incalculable y perjudicial de daños a la imagen institucional de la CCSS y al manejo de los fondos públicos”.
“Basamos esta solicitud en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (N°8422) que establece que todo funcionario, incluida Marta Esquivel, debe demostrar rectitud, buena fe en sus decisiones, las cuales deben ajustarse a la imparcialidad, transparencia, legalidad y eficiencia. Considera este Sindicato que la presunta violación al deber de probidad y a la ética funcionarial en este caso, obliga al Consejo de Gobierno, a ordenar de forma inmediata y urgente, la apertura del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario”, detalló Luis Chavarría de UNDECA.
“De hecho, el reiterado señalamiento de la Contraloría sobre las responsabilidades y deberes que la jerarca institucional de la CCSS ha incumplido, son de tal gravedad, que se vio obligado a presentar denuncia penal contra ella, por lo cual, dejarla en el puesto sería continuar con agendas ocultas que contravienen las políticas de sana gestión de fondos públicos” y deberes éticos y probidad en el ejercicio del cargo, agrega el sindicato de trabajadores.
Los diputados de la provincia de Cartago de manera reiterada han dicho que la jerarca debe renunciar, además, por la injustificada demora con datos o informes inválidos de la construcción del nuevo hospital de Cartago.
Sin embargo, el Gobierno no escucha el clamor reiterado contra la jerarca y el presidente Rodrigo Chaves Robles ha insistido en proteger ese cargo.
Luego, la CCSS envió un comunicado donde la Presidencia Ejecutiva de la institución afirma ser “respetuosa del derecho de cualquier agrupación o persona de presentar las solicitudes que considere al Consejo de Gobierno. Al ser prerrogativa de este órgano evaluar y dar trámite a dichas solicitudes, no se va a emitir ninguna declaración adicional”.
“Como se ha manifestado previamente desde esta Presidencia se garantiza el cumplimiento de las responsabilidades y mandatos en apego a la legalidad y con total transparencia con respecto a lo actuado. Cooperaremos con cualquier proceso que el Consejo de Gobierno considere necesario”, agrega el comunicado.