¿Para quién busca gobernar Fabricio Alvarado?, es la pregunta que surge ante su reclamo reciente por las frecuencias de radios religiosas, pero sin realizar una sola mención por la afectación a las demás radios musicales, culturales y de otros tipos, que se vieron perjudicadas por las altas tarifas que el gobierno Chaves Robles estableció.
Según el candidato presidencial, quien aspira por tercera vez al Ejecutivo, “la subasta que finalmente se lanzó al público, prácticamente entierra a las emisoras de radio y televisión cristianas, tanto evangélicas como católicas. Fijaron precios que van desde los $380 mil hasta los $1,6 millones, estos montos generan un riesgo inminente de apagar las señales. Se apaga una señal y no solo se pierde un espacio de esperanza, de formación humana y de solidaridad, también se pierde la posibilidad de compartir el evangelio y salvar almas”.
Sin embargo, no refirió a la afectación a la libertad de prensa en general, ni a los empleos afectados, así como empresas de comunicación, a raíz de la situación que promueve el actual gobierno de Rodrigo Chaves, con quien se alió en múltiples ocasiones en la Asamblea Legislativa.
En un esfuerzo por diferenciarse del chavismo, Alvarado afirma ahora que el gobierno de Chaves se dice conservador, pero no es así y con un lenguaje bélico señaló que “con el pueblo cristiano de Costa Rica no se vacila. No permitiré que quieran verles la cara de tontos. Nueva República irá a la guerra a defender la difusión del mensaje de fe en todo el territorio nacional. No queremos convertirnos en México, donde es prohibido comunicar el evangelio por radio y televisión. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para detener este atropello a la libertad religiosa. Esta es una medida abusiva, violenta y muy crítica en contra de nuestros valores conservadores”.
Informó que su bancada presentó un proyecto de ley “para proteger la libertad religiosa, la libertad de profesar y divulgar públicamente contenido religioso sin fines de lucro” pero, de nuevo, no habla de las otras libertades fundamentales de los costarricenses que se ven vulneradas por los altos costos para alquiler de frecuencias que impuso la administración Chaves Robles a través de la jerarca Paola Bogantes, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).