El Periodicocr.com y Redacción CCR* | Lo que inició como una denuncia por presunta falta a la ética en la Municipalidad de San José ha escalado a un abierto e inusual desencuentro entre las dos instituciones de control más pesadas del país: Fiscalía y Procuraduría enfrentan diferencia de criterios e interpretación de la ley.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ha solicitado el archivo de la causa por presunto peculado contra el alcalde Diego Miranda Méndez, contradiciendo de plano la tesis de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Este “choque de trenes” deja en evidencia una grieta profunda en la interpretación de la ley: mientras la Procuraduría —en su rol de abogado del Estado— detectó indicios suficientes de que el jerarca capitalino habría utilizado recursos públicos para fines ajenos a su cargo, la Fiscalía sostiene que los hechos no alcanzan para configurar un delito penal.
El Abogado del Estado frente a la pared
El caso, que se tramita bajo el expediente 24-000033-1218-PE, pone a la Procuraduría en una posición incómoda.
La PEP, que suele ser la brújula moral y legal de la función pública, ve cómo su esfuerzo por sentar un precedente de probidad en el ayuntamiento josefino topa con la negativa del Ministerio Público para elevar el caso a juicio.
Para Miranda, este movimiento de la Fiscalía es oxígeno puro. El alcalde, quien ha navegado en aguas turbulentas desde que asumió el poder, ahora tiene un argumento de peso para señalar que los cuestionamientos de la Procuraduría General de la República carecen de sustento criminal.
¿Peculado o gestión?
El fondo de la disputa radica en la línea que separa la falta administrativa del delito de peculado. La Fiscalía parece haber trazado esa frontera mucho más lejos de lo que la Procuraduría esperaba, lo que abre una interrogante inquietante: ¿están los órganos de control hablando idiomas distintos?
Ahora, la pelota queda en la cancha del Juzgado Penal de Hacienda. Este tribunal tiene en sus manos la decisión de validar el criterio de la Fiscalía y enterrar la denuncia, o darle la razón a la Procuraduría y obligar a que la investigación continúe.
Mientras tanto, en los pasillos de la municipalidad, el mensaje es claro: la tregua judicial es frágil, pero el desplante de la Fiscalía a la Procuraduría le da a Diego Miranda una victoria política que no dudará en capitalizar frente a sus detractores en el Concejo Municipal.
Procuraduría advierte sobre posible pérdida de credenciales
Mientras el jerarca celebra que el Ministerio Público pidió archivar su causa por peculado, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ha decidido no soltar la presa, elevando la apuesta hacia el único escenario que realmente debería quitarle el sueño al alcalde: la pérdida de sus credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El pulso es de una agresividad institucional inédita. La PEP, actuando como el implacable abogado del Estado, ya no solo señala faltas; está construyendo el camino para el destierro político de Miranda.
Al enviar el oficio PEP-OFI-269-2026 al Tribunal, la Procuraduría ha dejado claro que, para ellos, el uso de abogados municipales en pleitos personales no es un “error material” ni una “persecución”, sino una violación flagrante al deber de probidad.
Si el TSE valida que hubo un desvío del fin público para beneficios privados, la sanción no será una amonestación de pasillo ni una suspensión de 15 días; será la cancelación definitiva de su credencial.
El TSE, que no suele temblar ante figuras de elección popular cuando de ética se trata, tiene ahora la última palabra. En San José, el olor a crisis de gobernabilidad ya es inocultable, y la pregunta en la Sala de Redacción no es si habrá juicio, sino si Miranda llegará a terminar el año sentado en la silla principal de la capital.
*En alianza informativa con EP.