El oficialismo paraliza la justicia, afirma el Partido Liberación Nacional, ante la decisión del directorio legislativo, con órdenes de la fracción de Pueblo Soberano, de devolver nuevamente la nómina de candidaturas para la elección de los magistrados y magistradas suplentes a la Sala Constitucional.
Esa bancada insiste en no aceptar la lista que elaboró, después de un procedimiento judicial normado, el Poder Judicial, pero así lo establece la Ley, razón por la que el PLN afirma que “el oficialismo paraliza la justicia constitucional” y, con ello, evita que algunos políticos de su red de cuido enfrenten procesos judiciales en espera.
Esta determinación lleva al PLN a señalar que “pese a los atestados, preparación y cualidades técnicas y éticas de los 18 magistrados postulantes, el oficialismo insiste en bloquear la elección de suplentes de la Sala Constitucional, demostrando una preocupante falta de compromiso con la institucionalidad democrática y con el funcionamiento pleno del Sistema Judicial costarricense”.
- José María Villalta hace un llamado a la responsabilidad individual de las diputaciones de Pueblo Soberano, porque incurren en incumplimiento de deberes ante la Ley.
José María Villalta, del Frente Amplio, alertó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, que la responsabilidad por este acto es individual y cada uno de esos diputados tendrá que enfrentar la ley costarricense en algún momento por este acto.
“Aunque el plenario vote por mayoría eso, igual hay una responsabilidad de un emitir una resolución que es contraria a derecho”, indicó Villalta, quien dijo leer entre líneas que la fracción oficialista hay criterios divergentes sobre este tema, es decir, que algunos diputados y diputadas no están de acuerdo con seguir este juego contra la Ley.
Villalta enfatizó que se trata de un incumplimiento de deberes por responder a intereses mezquinos individuales de unos pocos, contrarios al interés del país:
“El bloqueo político del oficialismo socava la independencia judicial, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y profundiza la crisis institucional que atraviesa el país. No se trata de una diferencia de criterios, sino de una maniobra deliberada que paraliza el ejercicio de la justicia constitucional y pone en riesgo el equilibrio de poderes que sostiene nuestra democracia2. agrega un comunicado del PLN al respecto.
“Liberación Nacional exige respeto para el Poder Judicial y el Estado de Derecho, y advierte que ningún cálculo político justifica la parálisis de la justicia constitucional. El país necesita decisiones responsables, no tácticas partidarias que anteponen intereses coyunturales al bienestar del pueblo costarricense (sic)”, concluyen.