Gobierno busca financiar al Sinart para evitar su cierre técnico y que pueda seguir funcionando durante este año.
El Consejo de Gobierno, como “asamblea de accionistas” de la empresa estatal de comunicación, decidió buscar la autorización para garantizar los recursos financieros necesarios para su operación, así como coordinar con el Ministerio de Planificación “para que personal experto realice un estudio técnico que permita avanzar con la reestructuración planteada por la administración”.
Como tercer medida, realizarán una “consulta formal a la Procuraduría General de la República para aclarar la interpretación de la Contraloría sobre la Ley del 10%, que reserva un porcentaje de los presupuestos públicos para la comunicación en medios como el SINART”.
Según el Consejo de Gobierno la culpa de la severa crisis que tiene el Sistema Nacional de Radio y Televisión se a tres factores que están ligados, claramente, a dos entidades y la Ley de Contratación que fue aprobada en el año 22.
La principal molestia de un “estudio” realizado por la actual jerarquía de la institución es el criterio de la Contraloría “que establece que ninguna institución está obligada, sin un análisis técnico previo, a destinar el 10% de su presupuesto publicitario al SINART, como lo estipula la Ley 8346”.
Según el Consejo de Gobierno, “esta interpretación ha generado incertidumbre en las instituciones públicas y ha resultado en una significativa disminución de los ingresos esperados por este concepto”.
Además, reniegan de la Ley General de Contratación Pública de 2022, que “ha impuesto restricciones severas a la operación de la agencia de publicidad del SINART”. según la entidad, “entre los principales obstáculos se encuentra la limitación para subcontratar más del 30% de los servicios brindados, afectando la ejecución de proyectos como eventos BTL, compra de medios y producción audiovisual. Además, los extensos procesos administrativos dificultan la competitividad de la agencia frente a empresas privadas”.
También culparon a la comisión investigadora de la situación con el contrato establecido entre el Sinart y el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque dañó la reputación de la empresa. La comisión “llevó a cabo más de 30 sesiones durante ocho meses, generando titulares sensacionalistas y cuestionamientos públicos. Este proceso dañó significativamente la reputación del SINART, afectando la confianza de clientes y aliados estratégicos. Además, la falta de comprensión sobre el funcionamiento del mercado publicitario y los medios públicos por parte de los legisladores debilitó la imagen institucional y ocasionó la pérdida de oportunidades comerciales y alianzas”, añade el Sinart en un comunicado.