Casa Presidencial informó esta tarde que el Gobierno suspende reunión con los poderes de la República que estaba pactada para mañana viernes 21 de agosto.
“Ante la negativa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de establecer un canal de diálogo para resolver los temas de seguridad urgentes, se suspende la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes originalmente agendada para este viernes”, comunicó escuetamente Casa Presidencial esta tarde, cerca de las 2 pm.
El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, había aceptado la invitación de Laura Fernández para realizar una reunión de coordinación entre los poderes, como ha sido usual en los gobiernos democráticos anteriores. Sin embargo, Aguirre marcó la cancha sobre el cómo se podrían realizar estas reuniones, para evitar que se conviertan en un espectáculo de populismo.
Hoy el Ejecutivo comunicó que “la Presidente de la República continuará conversando de cerca con Yara Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, quien siempre ha mostrado su mayor interés de encontrar soluciones reales para el pueblo de Costa Rica”.
No obstante, Aguirre comunicó por escrito a la presidenta Laura Fernández Delgado que no asistirá a la reunión por ella convocada para este viernes. La misiva de Aguirre, sin embargo, no fue enviada a la prensa.
Culturacr.net solicitó una declaración más amplia para contextualizar sobre las razones concretas de esta decisión, pero al cierre de esta nota no se había informado nada más.
¿Qué dijo Aguirre?
En su misiva, el presidente Orlando Aguirre indicó que “desde el inicio, incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre el financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder”.
Aguirre planteó que, después de un análisis de las condiciones que el Gobierno quiso imponer, decidieron no asistir, porque consideran básicamente que se busca politizar la actividad.
“Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos. Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, manifiesta la carta enviada por Aguirre a Fernández.
“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”, agrega la misiva.
El Judicial además dejó que claro que esta decisión no altera la colaboración técnica y operativa en materia de seguridad. “La coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial y los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como entre el Ministerio Público y las autoridades competentes, continuará con normalidad en la investigación criminal, los operativos y la persecución de estructuras delictivas”, establece.
Lea la carta completa al final de este artículo.
Un comunicado que invierte la realidad
El politólogo y especialista en comunicación política, Gustavo Adolfo Araya, planteó que el comunicado de Gobierno invierte la realidad: “dice que Aguirre se negó a establecer un canal de diálogo. Lo que ocurrió es exactamente lo contrario. Aguirre aceptó el diálogo con condiciones señaladas públicamente. Lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia es que no se iba a negociar la independencia judicial, no poner sobre la mesa las competencias de los jueces, no discutir temas que afecten la jurisdicción. Esas condiciones no son un cierre del diálogo. Son los límites constitucionales dentro de los cuales el diálogo puede ocurrir sin que el Poder Judicial ceda su función. El gobierno que rechazó esas condiciones fue quien cerró el diálogo. El comunicado invierte la causalidad”.
“El texto implica que dialogar significa aceptar las condiciones del gobierno sin límites. Ese no es el diálogo. Ese es la rendición. El diálogo entre poderes del Estado tiene límites constitucionales precisamente para proteger la independencia de cada uno. Un Poder Judicial que negocia su independencia no está dialogando. Está cediendo lo que la Constitución le prohíbe ceder”, agrega Araya.
Además, añade el politólogo, “el texto habla de temas de seguridad urgentes como si el Poder Judicial fuera el obstáculo para resolverlos. El Poder Judicial no administra la Fuerza Pública. No controla los puertos. No designa a los policías. No archiva los informes de inteligencia sobre policías infiltrados. Todo eso lo hace el Ejecutivo”.
“El comunicado completo es la descripción del método chavista de mentira y ataque en su forma más concreta. No refuta ningún argumento de Aguirre porque no puede refutarlo. En lugar de eso, invierte la causalidad, implica motivaciones negativas en el adversario, apela emocionalmente al pueblo y cierra con el elogio al actor que coopera (pero que lo hace también atacando la institucionalidad democrática)”, analiza Araya Martínez.
Carta del Judicial al Ejecutivo
Se comparte, textual, la carta enviada por Orlando Aguirre a la presidenta Laura Fernández:
Relacionados:
REPÚBLICA DE COSTA RICA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRESIDENCIA
San José, 20 de agosto de 2026 326-P-2026
Señora Laura Fernández Delgado Presidente República de Costa Rica
Estimada señora Presidente,
Reciba un atento saludo. Acuso recibo de su oficio PR-P-OF-093-2026, del 14 de agosto, mediante el cual comunica los temas propuestos para la sesión del viernes 21 de agosto e invita a plantear asuntos adicionales.
Cuando usted anunció la reactivación de las reuniones entre los Presidentes de los Supremos Poderes, el Poder Judicial recibió favorablemente la iniciativa. Desde el inicio, incluso antes de conocer los términos de esta convocatoria, señalamos los criterios necesarios para los procesos de diálogo: cumplimiento de las obligaciones sobre el financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder.
Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella.
Un espacio entre Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos. Sin embargo, un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento.
Esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución establece para la adopción de decisiones en cada Poder. En el caso del Poder Judicial, su gobierno corresponde a la Corte Plena, órgano al que la ley confía la definición de las políticas generales de la institución.
No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley.
La decisión respecto de la reunión del 21 de agosto no altera la colaboración técnica y operativa en materia de seguridad. La coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial y los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como entre el Ministerio Público y las autoridades competentes, continuará con normalidad en la investigación criminal, los operativos y la persecución de estructuras delictivas.
El Poder Judicial hace su parte desde el ámbito que le corresponde. En 2026, el Organismo de Investigación Judicial reporta 21 organizaciones criminales desarticuladas; entre enero y junio ejecutó 1.861 allanamientos; y, al 31 de julio, había decomisado más de 10.600 kilogramos de droga, incluidos 9.080 kilogramos de cocaína, cantidad que supera ampliamente la registrada para esa sustancia durante todo 2025. Ese esfuerzo forma parte del trabajo diario de investigadores, fiscales, jueces y demás personas servidoras judiciales al servicio de la seguridad de Costa Rica.
Enfrentar la criminalidad actual exige también modernizar profundamente nuestra legislación procesal penal. El Poder Judicial trabaja ya en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé poner a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027.
Mientras ese trabajo avanza, desde 2025 se encuentra planteado ante las y los diputados el expediente N.° 24.913, una reforma puntual capaz de producir mejoras inmediatas.
Su aprobación permitiría aumentar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales y generaría un ahorro estimado de ₡122,3 millones mediante un uso más eficiente del recurso judicial.
El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución.
Confiamos en que sea posible construir un espacio con esas características. Esta Presidencia valorará cualquier futura convocatoria con esa disposición y atendiendo las condiciones concretas en que se plantee.
Atentamente,
Orlando Aguirre Gómez Presidente Corte Suprema de Justicia