Infobreves de hoy – 4 de agosto de 2026

En el Infobreves de hoy varias informaciones fundamentales de este 4 de agosto de 2026, en una sola lectura.

Reformas al Poder Judicial

➡ Doce diputados del PPSO, liderados por Kathia Calvo Cruz, presentaron un proyecto de reforma constitucional (expediente 25.694) para limitar a un único período de 15 años los nombramientos en la Corte Suprema, eliminando la reelección automática. La iniciativa también eleva la edad mínima para aspirar al cargo de 35 a 45 años y la experiencia requerida a 20 años.

➡ La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez presentó el expediente 25.687, que trasladaría al Consejo Superior del Poder Judicial funciones administrativas y disciplinarias que hoy ejerce la Corte Suprema, para que las magistraturas se concentren en la función jurisdiccional. La Corte solo podría avocar asuntos de política judicial estratégica o situaciones excepcionales.

➡ Diecisiete diputados del PPSO, liderados por Mayuli Ortega Guzmán, presentaron el expediente 25.692 para convertir a la Contraloría General de la República en un órgano de fiscalización predominantemente posterior, eliminando su capacidad de aprobar de previo pagos, contratos y presupuestos municipales.

➡ El Ministerio de Justicia y Paz dará por finalizado el convenio que permitía audiencias virtuales en centros penitenciarios, tras la disputa por el traslado de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. La magistrada Patricia Solano calificó la decisión como un “retroceso” que elevará los costos operativos por traslados y custodia.

Crimen organizado y seguridad

➡ Un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del MSP identificó a 116 policías de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur con presuntos vínculos al crimen organizado. El documento, fechado el 12 de abril de 2026, analizó a 122 funcionarios de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez: 27 oficiales colaborarían con narcotráfico y 44 con la red de contrabando de licor Los Wiskeros. El informe aclara que la información, basada en fuentes humanas confidenciales, no constituye prueba judicial directa.

➡ El Tribunal Penal de la Zona Atlántica ordenó la entrega inmediata a Estados Unidos de Gilbert Hernán Bell Fernández, alias “Macho Coca”, requerido por tráfico internacional de drogas. La resolución, del 3 de agosto, se dio después de que Washington presentara las garantías exigidas por la justicia costarricense: no pena de muerte, no cadena perpetua y condena máxima de 50 años.

Salud pública

➡ El Ministerio de Salud registró 13.431 casos nuevos de diabetes en 2024, un promedio de 36 diagnósticos diarios y un 27,3% más que en 2023. Ante ese panorama, la Clínica de Pavas, administrada por Coopesalud, lanzó un programa piloto de acompañamiento educativo semanal para pacientes recién diagnosticados.

➡ En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la OPS alertó que algoritmos, inteligencia artificial e influencers moldean las decisiones de lactancia en un “vacío regulatorio”, mientras solo el 43% de los bebés en América Latina recibe lactancia exclusiva durante sus primeros seis meses.

➡ La diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz denunció un conflicto de interés en la Comisión Nacional de Lactancia Materna, luego de que UCCAEP nombrara como representante a Mario Montero, vicepresidente de la cámara que agrupa a comercializadoras de fórmula infantil como Nestlé y Abbott. La comisión permanece paralizada desde hace más de año y medio.

Economía y sociedad

➡ Pensionados y sindicatos, encabezados por la ANEP, marcharon este lunes desde el parque La Merced hasta la Asamblea Legislativa para exigir la devolución completa del ROP, con parada frente al Ministerio de Hacienda. El oficialismo se mantiene dividido: la presidenta Laura Fernández prometió en campaña apoyar la devolución, mientras el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, la calificó de “irresponsable”.

➡ El MEP definió el 3 y 4 de setiembre para aplicar pruebas de idoneidad a más de 5.000 funcionarios de los estratos calificado y operativo que buscan una plaza en propiedad, entre ellos cocineros, conserjes, choferes y oficiales de seguridad.

➡ Cerca del 29% de los hogares costarricenses permanece sin acceso a internet, sobre todo en cantones como Los Chiles, Upala y Talamanca, según un estudio que calcula el costo del rezago en telecomunicaciones en hasta 1.587 millones de dólares.