Un informe sobre el caso Diamante de la investigación realizada en la comisión legislativa temporal para ese propósito concluye que se dio una red de corrupción en varias municipalidades con la empresa Meco.
Además se tenían redes de tráfico de influencias que operaban con licitaciones a la medida, sobornos y favores personales, según concluye el informe.
La comisión recomienda que “se debe prestar especial atención a las personas jurídicas MECO S.A. y Explotec, y a los siguientes funcionarios involucrados:
- Johnny Araya Monge – alcalde de San José.
- Mario Redondo Poveda – alcalde de Cartago.
- Alfredo Córdoba Soro – alcalde de San Carlos.
- Alberto Cole De León – alcalde de Osa.
- Humberto Soto Herrera – alcalde de Alajuela.
- Arnoldo Barahona Cortés – alcalde de Escazú.
- Cristian Boraschi González- gerente del Departamento de Gestión
Urbana de la Municipalidad de Escazú. - Gustavo Alonso Mayorga Mayorga- regidor del partido Nueva República
de la Municipalidad de Golfito.
La investigación se realizó en ocho municipalidades implicada en el caso, como lo son San José, Escazú, Alajuela, San Carlos, Osa, Matina, Golfito y Siquirres.
El informe presenta a Carlos Cerdas, propietario de la empresa Meco, como “el principal orquestador de una red de corrupción que ha permeado varias municipalidades en Costa Rica”.
“Las promesas anti corrupción hay que materializarlas, la corrupción es inaceptable, la haga Johnny Araya o la haga Marta Esquivel, y vamos a seguir denunciándola”, afirmó la diputada Sofía Guillén, una de las dos firmantes de este informe que sería de mayoría, pero que solamente han firmado Guillén y la diputada Vanessa Castro del PUSC.
Guillén hace un llamado al presidente para que convoque proyectos de ley en la lucha contra la corrupción:
El informe contiene “los hallazgos obtenidos en la Comisión Especial Investigadora de CONAVI, y del 8 de marzo hasta el 5 de abril del 2023, así como en la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público, del 23 de junio del 2022 al 05 de abril del 2023, fecha en la que se culmina la etapa de audiencias con las personas que fueron convocadas en el expediente de investigación del caso “Diamante””, según el reporte.
El informe, que usted puede leer completo aquí, solicita a la Procuraduría de la Ética Pública que proceda a “determinar si hubo violaciones a los principios de probidad y transparencia, para que en caso afirmativo, la Procuraduría proceda a imponer las sanciones administrativas correspondientes, como la suspensión temporal de
funciones, la destitución del cargo y la prohibición de ejercer funciones públicas por un período determinado, conforme a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.
También se le hace un llamado urgente al Tribunal Supremo de Elecciones “para que se preste especial atención a la investigación contra el señor Mario Redondo Poveda, quien continúa en el cargo de alcalde de Cartago, ahora electo por del partido Actuemos Ya. A pesar de las serias acusaciones en su contra, el señor Redondo sólo fue suspendido por 6 meses para ocupar cargos públicos, y actualmente continúa ejerciendo este cargo público”.
La comisión investigadora también urge al Ministerio Público a “presentar la acusación formal en el caso Diamante a la mayor brevedad posible, y le recomienda la valoración de los hechos denunciados 253 en este Informe, ya que desde el inicio de las investigaciones en el 2019 y los informes del Organismo de Investigación Judicial revelados en el año, han transcurrido varios años, de manera que resulta fundamental concentrar los recursos para avanzar en este caso y que se logre señalar una fecha para el juicio”.
“En la Municipalidad de San José, por ejemplo, se comprobó que Cerdas mantenía una relación directa con el alcalde Johnny Araya, asegurando contratos millonarios sin licitación mediante sobornos y manipulaciones administrativas. En Alajuela, utilizó su influencia para obtener contratos significativos, coordinando reuniones con el jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial para asegurarse de que MECO fuera favorecida en las adjudicaciones de obras públicas. En Siquirres, presionó al alcalde McLean para acceder a información privilegiada sobre ofertas de otras empresas, ajustando las suyas para ganar los contratos, además de entregar dádivas a cambio de favores. Estos ejemplos revelan una estrategia sistemática de cohecho y tráfico de influencias que garantizó la obtención de contratos públicos de manera ilícita”, agrega el informe.