Judesur tiene una morosidad del 61,7% a marzo de 2024, según un informe de la Contraloría General de la República.
Esta es la segunda morosidad más alta de 14 instituciones y fondos del estado que no son supervisados por la Sugef, situación que afecta la “sostenibilidad y capacidad para impulsar el desarrollo regional”, según el reporte contralor.
Judesur tiene una cartera de créditos de ₡12.376,2 millones, con un monto que alcanza los ₡118,7 millones en créditos en riesgo, lo que evidencia según la Contraloría “la existencia de debilidades en el manejo del riesgo crediticio”.
El asunto es más preocupante aún si se considera que ₡61 de cada ₡100 de la cartera de crédito tienen más de 90 días de atraso,” con el agravante que la totalidad de crédito en atraso se encuentra en cobro judicial”. Es decir, hay más morosidad, pero con menos de noventa días de atraso.
El informe es parte de un estudio amplio que incluye 14 programas de crédito estatal, en el que se encontró que 9 de ellos apenas tienen un nivel básico de gestión crediticia y de control del riesgo, lo que compromete las finanzas y su uso para impulsar el crecimiento económico.
El caso de la Junta de Desarrollo del Sur es particular porque, además del Inder y el Invu, fueron entidades que tuvieron una supervisión de la Contraloría.
“Si bien la Ley N.° 10.483 permite la condonación de deudas para beneficiarios afectados por desastres climáticos, plagas agrícolas, la pandemia de COVID-19 y otras circunstancias que impactaron su capacidad de pago, esta medida podría comprometer los recursos destinados a futuros proyectos e inversiones. Por lo tanto, resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo del proceso de condonación, asegurando que se implemente de manera responsable y sostenible para cumplir con los objetivos de
desarrollo regional”, agrega el reporte de la CGR.
La cartera de crédito tenía, al momento del estudio, un total de 142 solicitudes de condonación, de las cuales 7 operaciones cuyo monto asciende a ₡167,6 millones fueron
aprobadas por la Junta Directiva en sesión ordinaria N° 59-2024 del 24 de octubre de 2024.
“Los indicadores muestran una disminución constante de la cartera al día, pasando de ₡6.815 millones a principios de 2021 a ₡4.752 millones en el primer trimestre 2024, lo cual es un indicio de la creciente dificultad de los prestatarios para cumplir sus obligaciones”, informa la Contraloría.
La institución está intervenida por una comisión que analiza las condiciones de la gestión de crédito, a partir de la ley indicada.
El ente contralor indica que “se deben reforzar mecanismos de gobernanza y adoptar una gestión proactiva y preventiva”. Y recomienda que se dé una “toma de decisiones basada en datos (que) permitiría a JUDESUR implementar mejoras que contribuyan a gestionar esta situación”.
“A estos desafíos financieros se suman deficiencias en la gestión de beneficiarios, como la falta de un sistema de filtración ex post que identifique a aquellos que no cumplen con los requisitos después de la asignación del crédito, lo que aumenta el riesgo de asignación inadecuada de recursos. También se requiere un sistema para evaluar los impactos de los créditos otorgados y un mecanismo que evite la duplicación de créditos con otras entidades públicas”, sugiere la Contraloría para enfrentar el problema.
La condonación a productores
Para conocer mejor la situación, es preciso saber que la ley indicada arriba establece la condonación de acuerdo con un análisis socioeconómico que determine la capacidad de pago del deudor.
La ley también establece que el plazo para acogerse a la condonación es de seis meses y
Judesur tiene un plazo máximo de 18 meses para elaborar el estudio socioeconómico. Si Judesur no emite un criterio dentro del plazo establecido, se considerarán tramitadas las solicitudes y se procederá con la condonación.
Ademas, las condonaciones no provocarán que el deudor pierda la condición de sujeto de crédito ante Judesur.
Hay créditos a productores de café y de palma, principales actividades agrícolas del sur, así como cooperativas de diversa índoles, algunos condonados pero sin establecer con claridad la posibilidad de pago de esos empresarios agrícolas.