El Periodicocr.com* | El Departamento Jurídico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) advirtió fallas legales y omisiones relevantes en el plan de reestructuración que derivó en la eliminación de la plaza ocupada por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, lo que podría exponer la decisión a cuestionamientos jurídicos e incluso a eventuales nulidades.
Las advertencias constan en el memorando PRE-J-2025-04612, fechado el 19 de noviembre de 2025 y firmado por asesores jurídicos de la institución, el cual fue remitido a la Junta Directiva del AyA un día antes de que este órgano aprobara la reorganización que incluyó la supresión de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, cargo que ocupaba Izquierdo.
Falta de estudios técnicos
Uno de los principales cuestionamientos jurídicos fue la ausencia de diagnósticos o estudios técnicos que justificaran la eliminación de la dependencia.
Según el criterio legal, el acuerdo propuesto no detallaba los análisis que respaldaran la supresión del puesto, lo que implicaría una falta de motivación del acto administrativo.
Los asesores legales señalaron que el borrador de acuerdo incluía únicamente referencias generales, sin explicar con precisión el vínculo entre la reorganización y la mejora institucional, un elemento considerado esencial desde el punto de vista jurídico.
Esta carencia es particularmente relevante, ya que la motivación adecuada es un requisito fundamental para la validez de decisiones administrativas que afectan derechos laborales o estructuras institucionales.
Uso de encuestas sin valor técnico
El Departamento Jurídico también cuestionó que parte del sustento de la reorganización proviniera de una encuesta institucional, la cual calificó como un instrumento carente de objetividad para la toma de decisiones administrativas.
Según el informe, este tipo de encuestas reflejan percepciones y no constituyen evidencia técnica suficiente para justificar una reestructuración institucional o la eliminación de una plaza.
Esta observación debilita el fundamento técnico del proceso, ya que las decisiones administrativas deben basarse en criterios verificables, objetivos y documentados.
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Posible afectación de derechos y principios constitucionales
Otro señalamiento relevante fue la ausencia de participación de las áreas afectadas en el proceso de reorganización, así como la falta de evidencia sobre procesos de comunicación, capacitación o acompañamiento a los funcionarios impactados.
Según el informe jurídico, estas omisiones podrían implicar afectaciones a derechos subjetivos y al cumplimiento de principios constitucionales como la participación y la transparencia.
En términos legales, este tipo de omisiones puede comprometer la validez del acto administrativo y abrir la puerta a impugnaciones.
El análisis jurídico también advirtió que la eliminación de la unidad de Cooperación Internacional podría entrar en conflicto con el decreto ejecutivo que regula el Sistema Nacional de Enlaces de Cooperación Internacional, el cual establece la existencia de este tipo de estructuras dentro de las instituciones públicas.
Esto introduce un elemento adicional de riesgo legal, al sugerir que la reestructuración podría contravenir normativa vigente que regula la organización institucional en esta materia.
La Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales tenía como objetivo gestionar relaciones institucionales y coordinar programas de cooperación internacional del AyA, incluyendo la articulación con organismos externos y el seguimiento de proyectos de desarrollo vinculados al sector hídrico.
Su eliminación implicó la supresión de la plaza que Izquierdo ocupaba como director experto en esa área.
Pese a estos cuestionamientos, la Junta Directiva del AyA aprobó la reorganización institucional, lo que permitió la supresión de la dirección y el despido del funcionario que ocupaba el puesto.
Las advertencias jurídicas, sin embargo, quedaron consignadas formalmente antes de la decisión, lo que podría ser relevante en eventuales procesos judiciales o administrativos que se presenten en relación con este caso.
*En alianza informativa.