Siete de cada diez personas en Costa Rica que resolvieron un conflicto consideran que el procedimiento fue justo y equitativo, según el informe de la OCDE “Justice as a Public Service”. Además, ocho de cada diez que concluyeron su proceso dicen que su problema quedó totalmente resuelto.
El estudio ubica al país en el primer lugar entre los miembros de la OCDE evaluados en acceso a mecanismos de solución. El 61% de quienes enfrentaron una necesidad legal acudió a una vía como los juzgados, la mediación o el arbitraje, frente a una mediana de 42%.
La presidenta de la Corte, Patricia Vargas González, dijo que los resultados reflejan fortalezas del sistema, pero advirtió que “todavía tenemos mucho por hacer” para reducir el rezago.
La justicia en Costa Rica sale bien parada en un informe internacional. Según el estudio “Justice as a Public Service: Delivering Better Outcomes”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siete de cada diez personas en Costa Rica consideran que el procedimiento que siguieron para resolver un conflicto fue justo y equitativo. Los datos los divulgó el Poder Judicial.
El informe se publicó en octubre de 2026. El estudio completo está disponible en el sitio de la OCDE. La cifra de justicia y equidad corresponde a quienes recurrieron a un procedimiento, no a toda la población.
Además, ocho de cada diez personas que concluyeron su proceso señalaron que su problema quedó totalmente resuelto. La mediana internacional es de 70%.
El primer lugar en acceso
El estudio coloca a Costa Rica en el primer puesto entre los países miembros de la OCDE evaluados en acceso a mecanismos para resolver problemas legales. El 61% de las personas que enfrentaron una necesidad legal logró acudir a alguna vía de solución, como los juzgados, la mediación o el arbitraje. La mediana de la OCDE es de 42%.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, atribuyó esos resultados a fortalezas del sistema y a la confianza de las personas en la institución. Sin embargo, aclaró que también implican un compromiso.
“Las personas deben tener claro que en el Poder Judicial estamos trabajando y tomando acciones concretas para disminuir el rezago y lograr una justicia más rápida y eficiente. Vamos por buen camino, pero todavía tenemos mucho por hacer”, señaló la magistrada.
Escuchar a las personas
El informe también destaca cómo Costa Rica evalúa la experiencia de quienes usan los servicios judiciales. El país es uno de los únicos tres participantes del estudio, junto con España y Polonia, que cuenta con un mecanismo institucionalizado para medirla, mediante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.
Esa evaluación registra un 73% de satisfacción general y un 89% de valoración positiva de la infraestructura física.
Por otra parte, el documento reconoce iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y atender a distintos sectores de la población. Menciona la planificación institucional quinquenal, la recopilación de datos con perspectiva de género y los mecanismos de atención para poblaciones en condición de vulnerabilidad.
También destaca el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, la primera Estrategia Nacional contra los Discursos de Odio en la región y los avances en transformación digital.
El informe es la primera aplicación transversal del Marco de Medición de Sistemas de Justicia Centrados en las Personas de la OCDE. Esa metodología combina información sobre los problemas que enfrenta la población y permite identificar oportunidades de mejora en los sistemas judiciales.

