En total son 6 proyectos de ley que buscan realizar reformas en el tema de seguridad ciudadana, como parte de un primer “paquete” de nuevo proyectos que el Ejecutivo somete a la Asamblea Legislativa.
Según Fernández estas leyes buscan “recuperar algunos de los temas que más le duelen al pueblo” en seguridad.
La primera ley fue nombrada como Gerson Rosales, en honor al policía asesinato en Batán de Limón, y busca poner penas más duras a quienes “obstaculicen labor” de los cuerpos policiales. Además, elimina la libertad condicional en caso de ataque contra un policía.
Esa ley propone, además, presumir que la “respuesta armada” de un oficial de la policía es “en legítima defensa”. Además, dicta prisión preventiva a quien se resiste al arresto.
Fernández defendió que así se evita que los oficiales tengan que someterse “a un calvario jurídico” cuando usan sus armas.
El segundo proyecto se titula “Ley de sanción de pertenencia a organizaciones criminales” y que busca castigar a quienes pertenecen a una banda criminal, con pena de entre 1 y 6 años.La ley incluye agravar penas en casos de crimen organizado.
El tercer proyecto es una ley contra la reincidencia delictiva, para aprobar prisión preventiva a las personas que reinciden en un delito. “Nosotros estamos del lado de la víctima”, repitió el estribillo Laura Fernández y aprovechó para criticar “gobiernos progresistas”.
La ley establece 3 categorías de reincidencia y facilita a los jueces aplicar las penas máximas en caso de mayores reincidencias.
La cuarta propuesta busca evitar el ocio a los privados de libertad. “Para rebajar sus beneficios tengan que trabajar en una actividad productiva”.
Según la iniciativa, el 35% de lo ganado por su trabajo irá al Sistema Penitenciario para que paguen su propia alimentación. Además, un 35% adicional se usará para recuperación de las víctimas de su delito, un 20% será para apoyo familiar y un 10% de ahorro.
La iniciativa quinta propone una ley para castigar a los dueños de fincas que tienen pistas clandestinas de aterrizaje en sus propiedades. La gobernante señaló que no le cree a los finqueros que aducen no saber sobre las pistas que realizan en sus propiedades.
Fernández dijo que las leyes actuales no tienen dientes para penar a los dueños de la propiedad. Con esta ley tendrán una pena de 5 a 10 años y no podrán vender su propiedad hasta un año después de que aparezca una pista en su terreno.
La sexta propuesta se llama “Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales” y niega a las personas sometidas a un proceso judicial el “derecho al olvido”.
La presidenta hizo un llamado directo a los diputados: “Les toca a ustedes diputados tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y las familias de las víctimas están esperando”, indicó.
Laura Fernández usó varias veces el ejemplo de menores de edad y mujeres violadas para defender las leyes, sin embargo, olvida la presidenta que su partido evitó que el exdiputado Fabricio Alvarado tuviera que enfrentar los resultados de una investigación por presuntos abusos sexuales contra la exdiputada y exasesora Marulin Azofeifa. Es decir, defendió el derecho al olvido para un presunto agresor sexual y evitó que fuera valorado ante la opinión pública.