Omar Jiménez Camareno | Para que un país sea un país con un sistema democrático, necesariamente los gobernantes deben de ser electos por la ciudadanía en una elecciones limpias y libres.
Pero, si bien el que el gobierno sea electo en elecciones populares es un requisito indispensable en toda democracia, ese hecho por si solo no basta.
Debe además de existir un Estado de derecho. Esto es que exista un sistema de división de poderes que sirva de frenos y contrapesos para evitar el abuso del Poder y la imposición de un régimen autoritario.
En todo Estado de Derecho, quien ejerce el Poder Ejecutivo, es quien administra la cosa pública, los recursos públicos y ejecuta las leyes, pero no las crea.
Para evitar que quién ejerce la Administración Pública abuse del poder, el ordenamiento jurídico establece lo que se conoce como el principio de legalidad, lo cual significa que la Administración únicamente puede hacer lo que el mismo ordenamiento jurídico expresamente le permite realizar.
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En otras palabras, la Administración Pública y sus autoridades (quienes gobiernan y todas las personas que laboran como empleados públicos) están sometidas al ordenamiento jurídico y tienen prohibido realizar cualquier cosa que dicho ordenamiento jurídico no le autorice hacer de forma expresa, bajo pena de sanción si violenta está restricción legal.
De ahí que, en todo Estado de Derecho el Poder Ejecutivo está sometido al control político del Poder legislativo y al control legal del Poder Judicial.
Esto, que pareciera demasiado básico, es el elemento fundamental para evitar que un Estado democrático se transforme en un Estado totalitario, o lo que es lo mismo, en una dictadura.
Cuando el Poder Ejecutivo, toma el control del Poder Legislativo y por medio de ese control nombra magistrados que se pliegan a las órdenes del ejecutivo y, finalmente ordena a dichos magistrados nombrar en la fiscalía general también a una pieza del ejecutivo; se elimina el control político y él control judicial sobre el gobierno, lo que le permite al gobernante no someterse al ordenamiento jurídico y actuar arbitraria e ilegalmente sin que se le sancione.
Este es el paso para acabar con la democracia y con la seguridad jurídica y, consecuentemente con la libertad de los ciudadanos.
*Presidente Partido ADN.