La legislación electoral contra la beligerancia política es débil y así lo reconocen desde el Tribunal Supremo de Elecciones hasta las diferentes fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa.
El Frente Amplio, en particular, plantea una iniciativa que “busca blindar la legislación electoral para evitar discursos electoreros desde la palestra de la función pública, tal y como lo hace Rodrigo Chaves”.
En el TSE ya existen al menos 4 denuncias por beligerancia política contra Rodrigo Chaves y existen otras en proceso que, incluso, han pedido medidas cautelares para evitar que el presidente siga brincándose la ley electoral costarricense.
Con el expediente # 24.891 el diputado Antonio Ortega presentó el proyecto para “Fortalecer la Beligerancia Política y Resguardar el Principio de Neutralidad Política”.
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Según explica la agrupación política, la iniciativa reforma al artículo 146 del Código Electoral para prohibir a “empleados y funcionarios públicos realizar manifestaciones o insinuaciones de cualquier naturaleza tendientes influir en la voluntad electoral y hacer uso de su cargo, recursos públicos o personal a su mando para beneficiar a un partido político, candidatura, precandidatura o persona con interés de asumir algún cargo de elección popular.”
Además, “el objetivo del proyecto es poner coto de una vez a aquellas manifestaciones o insinuaciones de ningún tipo que llamen a influir en la voluntad del electorado”, destacó el diputado frenteamplista.
La idea es evitar “insinuaciones o excitativas para mover la opinión pública a favor de propuestas, candidaturas, precandidaturas, personas con interés en asumir cargos de elección popular o partidos políticos durante todo el periodo del ejercicio de su cargo”.
Con esa intención se busca reformar el artículo 265 del mismo Código para que el TSE pueda abrir de oficio una investigación correspondiente y, “paralelo a eso, reforma el artículo 22 de la ley orgánica de la Contraloría para que ésta entre en escena, también de oficio, cuando haya sospecha de uso de recursos públicos para fines electoreros”.
El legislador frenteamplista añadió que con esta iniciativa “queremos garantizar que las elecciones sean libres e informadas, protegiendo la imparcialidad y promoviendo la competencia con equidad de todos los partidos políticos” y subrayó que el texto también tiene como meta “luchar contra la corrupción que surge cuando funcionarios públicos, sobre todo aquellos en altos cargos como el presidente, se aprovechan de su cargo para hacer campaña electoral.”