Una consulta constitucional de legisladores de Gobierno y Nueva República piden a la Sala Constitucional una resolución que elimine las mociones que fueron aprobadas en la Comisión de Ingreso y Gasto Público para recuperar fondos para educación, cultura y seguridad que el Ejecutivo cercenó del proyecto ordinario para el año 25.
Se incluyen los aportes por más de 1.000 millones para el Ministerio de Cultura, el aumento aprobado para el Fondo Especial para la Educación Superior -FEES- y otro rubros que fueron agregados por los diputados y las diputadas -por mayoría- en el presupuesto para el próximo año.
Un total de 23 mociones están siendo cuestionados por estos diputados porque, según la petitoria de la consulta de constitucionalidad, ya la Sala Constitucional había planteado en su jurisprudencia que no se pueden crear nuevos gastos si no se establecen nuevas fuentes de ingreso. Según los recurrentes, no se pueden eliminar fondos del pago de la deuda para financiar esos rubros, porque el pago de la deuda es un “gasto ineludible”, lo que viola los artículos 176, 177 y 179 de la Constitución Política.
A pesar de esta consulta no se podrá evitar la votación en segundo debate del presupuesto ordinario, porque la ley establece que debe tenerse aprobado antes del 30 de noviembre.
Relacionados:
Firman la consulta los diputados fabricistas Rosalía Brown, quien funge como vicepresidenta de la Asamblea, Olga Moreira y José Pablo Sibaja. Este último, sin embargo, antes ha mostrado apoyo para el rescate de fondos de cultura, lo que plantearía una contradicción de fondo en su accionar, como jefe de su fracción y como diputado.
Además firman los 8 diputados del oficialismo que quedan al mando de Pilar Cisneros, Daniel Vargas -jefe de la bancada-, Ada Acuña -ex funcionaria del Ministerio de Cultura y Juventud-, Alexander Barrantes, Manuel Morales, Paola Nájera, José Antonio Rojas y Waldo Agüero.
La petitoria se basa en una resolución previa del años 2016 con el numeral 18351 y en el principio de la separación de poderes, donde según afirman una de las potestades exclusivas y excluyentes del Ejecutivo es la decisión del presupuesto nacional.
Dineros fundamentales para el sector social
Entre los rubros que se caerían, si la Sala así lo decide, están 1900 millones para el Incofer para el tren a Paraíso, 4900 millones para que el MOPT compre los terrenos que permitan construir la carretera a San Carlos, 1500 millones para apoyo a la Cruz Roja, 150 millones que le tocan por ley a la Editorial Costa Rica y el Gobierno cercenó, 850 millones para el Incofer para llevar el tren a San Rafael de Alajuela, 100 millones para la Fundación del padre Sergio -Ayúdenos para Ayudar, del MCJ-, 119 millones para la Universidad Técnica para construir sede en San Carlos, casi 400 millones para el MEIC, 500 millones para las Casas de la Alegría de Fodesaf, 85 millones para los Comités de la Persona Joven -MCJ-, 7013 millones para crear nuevas plazas para el OIJ, 1500 millones para el Ministerio de Justicia y Paz para sistema penitenciario, 2295 millones para nuevas plazas en Fiscalía -Poder Judicial-, 1500 millones para Migración y Extranjería, 5100 millones para crear 220 nuevas plazas para la Fuerza Pública, 7710 millones para las becas Avancemos del MEP, 12000 millones para las Juntas de Educación -mantenimiento de centros educativos-, 2405 millones para transporte de estudiantes rurales, 427 millones para colegios científicos, 1422 para el Ministerio de Cultura y Juventud -fondos concursables y otros programas-, 236 para nuevas plazas del MCJ y 11521 millones para el FEES.