La diputada Priscilla Vindas cuestionó al ministro Mario Zamora por contradicciones en criterio sobre ley de aeroparques que podría favorecer la narco actividad por omitir controles más fuertes para el movimiento de avionetas en el país.
La diputada del Frente Amplio denunció este martes en el espacio de control político del Congreso una serie de contradicciones del ministro de Seguridad Pública sobre el proyecto de ley N.° 24.392, “Ley de Aeroparques Turísticos”.
El señalamiento se basa en tres oficios oficiales emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública, que evidencian un cambio de posición sin respaldo técnico documentado y sin desvirtuar los riesgos previamente identificados por la propia institución. Es decir, el ministro Zamora contradice al mismo ministerio.
Primer criterio: advertencia de riesgos a la seguridad nacional
En un primer oficio, fechado el 29 de setiembre de 2025 (MSP-DM-1902-2025), el Ministerio emitió un criterio técnico elaborado con participación de su asesoría jurídica, en el que alertó que el proyecto:
“introduce un riesgo significativo a la seguridad nacional y pública”.
El documento advierte que la creación de aeroparques turísticos —definidos como aeródromos no controlados— podría generar “puntos ciegos” en la vigilancia aérea, facilitar operaciones ilícitas y permitir el uso de aeronaves extranjeras bajo un régimen flexible de importación temporal.
Además, señala riesgos específicos como:
- narcotráfico aéreo,
- trata y tráfico de personas,
- contrabando y evasión fiscal,
- debilitamiento del control migratorio y aduanero.
Con base en estos elementos, el Ministerio concluyó que no compartía el texto del proyecto en ese momento.
Segundo oficio: cambio de posición sin objeciones
Sin embargo, el 15 de enero de 2026, mediante el oficio MSP-DM-0079-2026, el ministro Zamora comunicó un cambio de criterio:
“el Ministerio de Seguridad Pública no tiene ninguna objeción con respecto al texto y procede a dar su visto bueno”.
Este giro generó cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, al no explicarse qué elementos técnicos habían cambiado para justificar la nueva posición.
Tercer oficio: consultas sin respaldo técnico formal
Ante consultas de la diputada Vindas, el Ministerio respondió mediante un tercer oficio (MSP-DM-640-2026), en el que el propio ministro reconoce que:
- El cambio de criterio se basó en consultas a “personas entendidas en la materia”, sin documentación formal.
- No participaron unidades técnicas del Ministerio en la emisión del oficio que avaló el proyecto.
- Las observaciones del primer criterio siguen siendo “determinantes o precisas”.
Además, el ministro sostiene que el aval posterior “no significa un retracto” del criterio técnico inicial.
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Contradicción de fondo
Durante su intervención en el plenario, Vindas señaló que esta secuencia configura una contradicción institucional.
Por un lado, el Ministerio advierte riesgos graves para la seguridad nacional, incluyendo posibles facilidades para el narcotráfico y la trata de personas. Por otro, otorga su respaldo al proyecto sin presentar un nuevo análisis técnico que desvirtúe esos riesgos.
“No se puede sostener al mismo tiempo que hay riesgos de seguridad nacional y que se apoya el proyecto sin explicar cómo se neutralizaron”, afirmó la legisladora.
La diputada también cuestionó la falta de trazabilidad en la toma de decisiones, al señalar que el cambio de postura se fundamentó en consultas verbales, sin respaldo documental ni identificación de responsables técnicos.
La legisladora emitió su control político en 6 minutos:
Debate sobre el proyecto
El expediente 24.392 propone crear una nueva categoría de infraestructura aeronáutica —los aeroparques turísticos— con incentivos para su desarrollo y operación.
Sin embargo, según el primer criterio técnico del propio Ministerio, este modelo podría reducir la capacidad de control estatal sobre operaciones aéreas, especialmente al permitir aeródromos sin servicios de tránsito aéreo y con capacidad para recibir aeronaves extranjeras.
El señalamiento realizado en control político pone en discusión no solo el contenido del proyecto, sino también el proceso mediante el cual se construyen los criterios del Gobierno en materia de seguridad.
En particular, abre cuestionamientos sobre:
- El uso de consultas informales sin respaldo documental.
- La ausencia de participación técnica en decisiones clave.
- La coherencia de los criterios emitidos por las instituciones públicas.
El caso también se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto del crimen organizado en el país, lo que eleva el nivel de exigencia sobre las decisiones relacionadas con seguridad nacional.
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