Marta Esquivel fue arrestada esta mañana en Pérez Zeledón, luego de que la Fiscalía decidió darle curso a un denuncia de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se establece que tras una investigación realizada, la junta directiva de la institución -liderada por Esquivel- aprobó contratos por bienes y servicios en varias clínicas del país con sobreprecios que se estiman en cerca de 12.000 millones de colones.
Esa cantidad en perjuicio del erario público, es decir, de los recursos que maneja la CCSS para la atención de la salud de los costarricenses, por eso la Fiscalía ordenó la detención de Marta Esquivel y el curso de su propia investigación para comprobar los hechos y llevar el caso a juicio penal.
La investigación se cursa por “los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024”, informó la Fiscalía.
Marta Esquivel, presidenta de la CCSS, y otros 7 imputados en esta causa, fue trasladada a una sala del II Circuito Judicial de San José, donde se tomarán las declaraciones indagatorias, según informó el Poder Judicial. La audiencia de medidas cautelares será en Goicoechea, donde se ubica el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Según la Fiscalía “se trata de un caso en el que la junta directiva se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS”.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas“, argumenta la CCSS.
“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”, agrega un comunicado del Ministerio Público.
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Las personas detenidas responden a los apellidos Esquivel, Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós, son investigados por el expediente 24-000267-1218-PE, que corresponde a los sobreprecios en detrimento de las finanzas de la Caja.
Según el fiscal general, Carlo Díaz, hay suficientes elementos probatorios para elevar a juicio el caso por los delitos indicados por contratación de servicios de salud de 138 Ebáis “con precios sumamente excesivos”. Díaz argumentó mediante un video que “se denunció una injerencia directa de la junta directiva de la CCSS para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar es curso, con esta nueva licitación se causa un perjuicio al estado de más de 12.400 millones de colones al año”:
El encargado del Departamento Legal de la CCSS afirmó que las autoridades de la institución se encuentran a disposición de las autoridades judiciales por la causa en proceso:
“Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos. También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años”, explica la Fiscalía en el comunicado oficial.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
Allanamientos en 28 lugares
Como producto de los allanamientos, en una casa en Palmares de Alajuela se halló un revólver calibre 38 y municiones, sin los respectivos permisos, por lo cual se detuvo al sospechoso por ese hecho específico. Se trata de un médico de apellidos Sánchez Carranza, “quien fue trasladado a la Fiscalía Adjunta de San Ramón, donde será procesado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas permitidas, bajo el procedimiento expedito de flagrancia”, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía realizó el allanamiento de 28 lugares esta mañana para detener finalmente a 8 personas que están bajo investigación por esta causa.
| Allanamientos realizados en el caso 24-000267-1218-PE | |||
| Casa en Barrio Escalante, San José | Casa en El Carmen de Guadalupe | Casa en San Rafael de Vásquez de Coronado | Casa en Granadilla de Curridabat |
| Oficina de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, San José | Oficina de la Gerencia Médica, CCSS, San José | Casa en Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia | Oficina de Asemeco, San José |
| Casa en Moravia | Casa en San Rafael de Escazú | Casa en Alto de las Palomas, Santa Ana | Casa en Santo Domingo de Heredia |
| Oficina de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, CCSS | Oficina en Barrio Escalante, San José | Oficina de Coopesalud, en Pavas | Oficina de Coopesiba, en San Pablo de Heredia |
| Oficina de Gerencia General de la CCSS, San José | Casa en Miramar de Puntarenas | Casa en Moravia | Casa en San Antonio de Vásquez de Coronado |
| Casa en Palmares, Alajuela | Casa en Curridabat, San José | Oficina Coopesain, Tibás | Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS, San José |
| Oficina en Hospital Carlos Luis Valverde Vega | Casa en Gravilias de Desamparados | Casa en La Unión de Cartago | Oficina Coopesana, Santa Ana |