Un estudio de la Contraloría General de la República detectó que el 73% de las mercancías movilizadas durante el año 2024 carecieron de control de aduanas en las fronteras costarricenses, lo que define como “gestión de controles no intrusivos (equipos como escáneres, pesas, entre otros) para la inspección de mercancías en los puntos de ingreso, salida y tránsito del país -sic-“.
El dato es alarmante, porque eso implica consecuencias negativas para el país, como la mayor movilización de narcotráfico, el contrabando de mercancías ilegales, la reducción en la recaudación de impuestos e incluso riesgos a la salud de las personas, porque se trata de mercancías sin el aval del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el informe del órgano contralor “el 73% de las mercancías movilizadas en 2024 no fueron sometidas a control. Esto incrementa el riesgo de evasión fiscal y el ingreso de mercancías ilegales, entre otros. Únicamente en dos de nueve puntos de ingreso, salida y tránsito de mercancías se opera mediante controles no intrusivos -sic-“.
La auditoría encontró que hay un “rezago en la implementación del control no intrusivo“.
Para tener una mejor idea, de los 9 puestos de control que existen en el país para la salida e ingreso de mercancías, solamente 2 tienen esos controles intrusivos como escáneres. El Gobierno prometió al inicio de su gestión tener escáneres en todos los puntos, pero no ha sido así.
Se denuncia que hay “equipo disponible que permanece sin instalar, como 2 escáneres que fueron donados desde noviembre de 2024, lo que impide la implementación de este control, reduce la detección de mercancías ilegales y afecta la gestión aduanera”.
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El Gobierno hizo gran fanfarria cuando ingresaron esos dos escáneres al país, pero todavía no han sido instalados y regularmente los otros son agredidos para evitar que funcionen adecuadamente. Los escáneres no instalados tienen un valor declarado de 1902 millones de colones.
En Moín, particularmente, solamente un 48% de las unidades movilizadas fueron inspeccionadas, es decir, la mitad no pasa por inspección.
También se revela una “carencia de mecanismos para la integración y coordinación interinstitucional, impidiendo una respuesta integral, coordinada y oportuna” lo que reduce “la posibilidad de detectar mercancías no declaradas”.
“Los controles no intrusivos son un mecanismo esencial para la inspección aduanera y la recaudación tributaria, ya que permite detectar mercancías no declaradas o sub declaradas sin abrir las unidades de transporte ni interrumpir el flujo del comercio. Su implementación contribuye a reducir la evasión fiscal y garantizar el ingreso de recursos al Estado”, explica la Contraloría.
Desde diciembre 2023, la entidades encargadas y responsables del tema son el Ministerio de Seguridad Pública coordina el control no intrusivo , en conjunto con el Ministerio de Hacienda—supervisión aduanera y fiscal, agilización del comercio—, Ministerio de Agricultura y Ganadería—prevención de ingreso de plagas y enfermedades y auxilio en control aduanero— y el Ministerio de Comercio Exterior —facilitación del comercio y regulación internacional—.
“A pesar de su importancia para el control aduanero (que incluye la recaudación tributaria, la seguridad nacional, la facilitación del comercio y la protección de plagas y enfermedades), la gestión del control no intrusivo es desarticulada ya que las políticas institucionales no se encuentran alineadas y se carece de mecanismos formales de coordinación interinstitucional”, concluye la Contraloría en su informe.