Por Welmer Ramos y Gerardo Fumero | Costa Rica cuenta con un modelo de desarrollo eléctrico que, aún hoy, sigue siendo ejemplo para el mundo desde las perspectivas social, ambiental, económica y financiera. Esto, a pesar de las desventajosas condiciones de los antiguos contratos de cogeneración amparados a la Ley 7600, que aún siguen vigentes, aunque con exigencias menos extremas.
A diferencia de otros países que subsidian la electricidad en zonas rurales, a familias de bajos ingresos o invirtiendo en infraestructura y equipos, nuestro modelo es autosostenible y garantiza un servicio universal gracias a tres principios clave:
- No busca generar dividendos.
- Los servicios se prestan al costo.
- Se aplica bajo un modelo solidario.
Estos factores marcan la diferencia. Según datos de la CEPAL (2022), el precio promedio del kWh en Costa Rica fue de $0,13, mientras que en Panamá fue de $0,18, en Nicaragua $0,19, en Guatemala $0,22 y en Honduras $0,23.
La razón es clara: en muchos países, los mercados eléctricos son monopólicos y privados. Aunque supuestamente “eficientes”, suelen colusionar gracias a su poder económico y su capacidad de presión política, generando sobreprecios que afectan directamente a los consumidores.
La electricidad: un bien esencial
La electricidad no es un producto más que se compra en un supermercado. Su calidad y disponibilidad en Costa Rica es tan alta que muchas veces no se valora. El ICE debe seguir desarrollando proyectos propios en beneficio del país, y el financiamiento no debería ser un obstáculo: el mercado eléctrico es “cautivo” y de gran interés para las entidades financieras.
Invertir a través del ICE permite al Estado garantizar el bien común y evitar la extracción de rentas excesivas. En cambio, la empresa privada, por su propia naturaleza, busca maximizar ganancias, lo que refuerza la necesidad de regulación efectiva, aunque incluso el regulador puede ser capturado por intereses privados.
Nuestra calidad de servicio también es superior. Basta recordar los apagones en países como Cuba, Chile, Puerto Rico, España, Portugal, India, Pakistán o ciudades de Estados Unidos, donde gran parte del suministro está en manos privadas, pero aun así han enfrentado crisis eléctricas.
El peligro del proyecto de ley 23.414
Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley No. 23.414, llamado irónicamente “Armonización del Mercado Eléctrico”. De aprobarse, politizaría aún más la administración del sistema y abriría completamente la generación privada, permitiendo exportaciones al mercado centroamericano, donde los precios más altos son un atractivo para los generadores privados costarricenses.
Hoy, los excedentes eléctricos se exportan a través del ICE, y esos ingresos —$218 millones en los últimos 10 años, según datos del Semanario Universidad— se usan para reducir tarifas a todos los usuarios del país. Si la exportación pasa a manos privadas, esas ganancias engrosarán las cuentas de los cogeneradores, encareciendo la electricidad para el resto de la población.
El modelo que propone el proyecto se basa en “subastas de energía”, donde los oferentes pueden colusionarse, como ya ha ocurrido en Costa Rica en otros sectores, por ejemplo, en el caso “Cochinilla” de construcción de carreteras.
Un modelo que deberíamos proteger y promover
Costa Rica es miembro de la OCDE, organización que promueve la buena gobernanza. Bien haría esta entidad en tomar el caso costarricense como ejemplo para el resto del mundo.
Si existen errores o mala administración, deben corregirse y mejorarse, pero nunca destruir el sistema, como está ocurriendo con la marca Kolbi del ICE, a la que se le impide mediante decretos adquirir equipos para ofrecer servicios celulares 5G, retrasando el desarrollo tecnológico del país.
Nuestro modelo eléctrico se basa en fuentes renovables —más del 95%—, con bajo impacto ambiental. En contraste, muchos países dependen del carbón, combustibles altamente contaminantes o energía nuclear, cuyas consecuencias en salud y medio ambiente superan con creces los ahorros que aparentan ofrecer.
Llamado a la defensa del modelo
El Observatorio de los Mercados y los Derechos del Consumidor (OMERCON) hace un llamado a defender el modelo eléctrico costarricense, desarrollado por el ICE, las empresas municipales y las cooperativas, el cual garantiza un servicio esencial que debería estar protegido en la Constitución Política, al igual que la educación y el agua.