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La Sala Constitucional admitió una acción de inconstitucionalidad sobre las Oficinas de la Mujer, presentada por la Defensoría de los Habitantes, contra el artículo 17 de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades (Ley 8801), por considerar que la reforma introducida a esa norma podría representar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.