El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, presentó el proyecto de ley (expediente #25.744) para garantizar la trazabilidad y el origen lícito de los honorarios que reciben los abogados que litigan a favor de imputados por narcotráfico, mediante una reforma a la Ley N.° 7786. La iniciativa busca cerrar el espacio que ofrece el pago en efectivo para que ganancias del crimen organizado circulen disfrazadas de honorarios profesionales.
Costa Rica ya ha tenido casos que ilustran ese riesgo, según ha revelado la prensa costarricense. En el Caso Fénix, la presunta mayor estructura de lavado de dinero investigada en el país —cerca de $17 millones aparentemente blanqueados entre 2015 y 2022 mediante lubricentros, verdulerías y una hacienda ganadera en Pérez Zeledón—, la organización contó con la asistencia de abogados, contadores y notarios que colaboraron con los movimientos para hacerlo; uno de los abogados implicados fue asesinado en la zona.
Por separado, el abogado y notario Rándall Solórzano Campos fue procesado por presunta legitimación de capitales, acusado de lavar ganancias del narcotraficante Jair Estupiñán Montaño, alias “Pecueca”, mediante contratos de compraventa de inmuebles simulados, aunque un tribunal lo absolvió posteriormente por duda razonable.
La propuesta de Trejos permite pagar hasta diez salarios base (unos ¢4,6 millones) en efectivo; superado ese monto, los pagos deberán realizarse mediante cheque, transferencia u otros medios que permitan identificar al pagador, al beneficiario, el monto y la fecha. Además, la persona acusada o el tercero que pague por ella deberá acreditar el origen lícito de esos fondos, con documentos que respalden la trazabilidad durante cinco años.
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Trazabilidad a honorarios de abogados
Expediente 25.744 · Frente Amplio · 25 de agosto 2026
“Con esta propuesta, vamos a cortar los tentáculos del crimen organizado en los tribunales de justicia”.
— Antonio Trejos Mazariegos, diputado del Frente AmplioTrejos aclaró que el proyecto no limita cuánto puede cobrar un abogado, no impide elegir libremente al defensor ni afecta el secreto profesional; solo regula cómo se documentan los pagos. La iniciativa sigue una tendencia internacional: Chile ya implementó controles similares sobre honorarios de defensores en casos de narcotráfico, y la Unión Europea endureció el rastreo de flujos superiores a los 10.000 euros, según recordó el legislador al pedir el respaldo de los 21 diputados que también son abogados.
“Para combatir seriamente al narcotráfico no basta con decomisar drogas, también tenemos que seguir el dinero […] ese derecho no puede convertir el pago de millones de colones en una zona sin trazabilidad para el Estado”, señaló Trejos.
“Con esta propuesta, vamos a cortar los tentáculos del crimen organizado en los tribunales de justicia”, concluyó el diputado frenteamplista.