El Gobierno montó hoy un refrito en su programa de propaganda política sobre las pensiones de lujo que ha sido incapaz de resolver en sus casi 3 años de administración.
Con el apoyo del cuestionado abogado Juan Diego Castro, Casa Presidencial cuestionó el principio fundamental de que los costarricenses “somos iguales ante la ley”. El ex candidato presidencial, también cuestionado por agredir a su madre, afirmó que se trata de un “mito jurídico político”, mientras el presidente Rodrigo Castro complementó preguntando “quiénes han propagado esa mentira de que los costarricenses todos somos iguales ante la ley”.
Considerado como un mitómano, Juan Diego Castro afirmó que “el gran estafador de este país es el Partido Liberación Nacional”, una agrupación a la que él perteneció y donde incluso fue ministro de Seguridad. Como ministro incluso fue el primer jerarca político en recibir una sanción de la Asamblea Legislativa del país -la segunda fue Ana Katharina Müller en este Gobierno-. En aquel momento el Congreso estaba formado con la mitad de diputados del PLN, partido al que pertenecía y con el que estuvo un tiempo más, hasta que salió resentido por no tener más poder.
Castro aprovechó el programa de hoy para repetir sus constantes ataques al Poder Judicial con calificativos como “indecente” y “atroz”: “el Poder Judicial de Costa Rica es hoy el mega Poder Judicial sin parangón en el mundo con poder constitucional, con poder policial, con poder de ejercicio de la acción penal pública, con poder pericial para decir donde hay fraude o no, y con la Defensa Pública”.
Olvida convenientemente el abogado que en Estados Unidos, la principal potencia del mundo, el Poder Judicial tiene todo eso igual y mucho más. Y así es en la gran mayoría de países democráticos del mundo, no así en los regímenes autoritarios y dictatoriales donde el presidente impone el control de todos los poderes e instituciones.
“Ahí es donde está el tumor de la gran República costarricense que todos los días lanza sentencias metastásicas”, agregó Castro, quien añadió que es el “monstruo”, “el Leviatán” de Costa Rica. El presidente Chaves lo dejó expresar todas sus acusaciones sin interrumpir y luego las reafirmó: “Claro, ahora entiendo por qué dicen que ellos no le dan cuentan a nadie, por qué dicen que no tienen jefes, por qué dicen que los nombró dios, por qué se ríen de las manifestaciones del pueblo”, apreciaciones claramente falsas en su mayoría.
Casa Presidencial hizo una lista de pensionados de lujo a quienes exhibió públicamente para instigar a sus seguidores al repudio, aunque eso no es novedad, porque desde hace varios años se conocen de esos casos, por eso se trata de un refrito para instigar a las personas.
Laura Fernández, ministra de la Presidencia, señaló que la Sala Constitucional legalizó los “abusos y barbaridades” de las pensiones de lujo, como si el órgano constitucional no se basara en principios de legalidad o se ajustara a la Constitución Política.
Sin embargo, Rodrigo Chaves en sus casi 3 años de Gobierno no ha presentado ninguna iniciativa ni ha resuelto un solo caso para evitar esas pensiones de lujo, algo que sí se logró en los dos gobiernos anteriores, donde la mayoría de las pensiones de lujo fueron eliminadas o reducidas, lo que significó un ahorro a la hacienda pública.
Rodrigo Chaves dijo que no pueden hacer nada ahora, porque deben esperarse hasta el año 26, cuando supone que tendrá el apoyo masivo de los costarricenses para montar un régimen autoritario o dictatorial, con dominio amplio del Poder Legislativo.
“La única manera de reformar al Poder Judicial es, y de nuevo yo no participo en política electoral, yo no le puedo decir vaya vote por fulana o fulano, lo que es un hecho es que en Costa Rica cualquier cambio significativo… cualquier cambio a la Corte va a requerir 38 o más votos; si usted quiere ver al Poder Judicial como está y que continúe está bien, es su decisión no la mía”, indicó Chaves en un juego de chantaje emocional bastante claro.
La ministra Fernández, por primera vez, presentó un proyecto de ley “sobre la base de un rigurosísimo estudio actuarial” que presentó hoy a la Asamblea Legislativa. “Esto es un tesoro de conocimiento”, agregó Fernández, mientras el presidente mostraba un documento lleno de páginas como si fuera un modelo exhibiendo un producto comercial.
También informó Fernández que trabajan en “la etapa preparatoria” de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que está por encima de la Sala Constitucional, para demostrar que lo que tenemos actualmente es desigual y que el proyecto de ley está de acuerdo con todo el derecho internacional”.