El diputado de Pueblo Soberano (PPSO) Fernando Obaldía fue denunciado este lunes ante el Ministerio Público por presunto acoso sexual, a raíz de una queja presentada por una asesora de su propio despacho. La denunciante, cuya identidad se mantiene protegida, también acudió a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa para formalizar el reclamo por la vía administrativa.
Junto a la denuncia por acoso sexual, esa funcionaria y otra asesora del despacho denunciaron además a Obaldía por acoso laboral. Parte del expediente revela que el diputado solicitó las grabaciones de las cámaras del edificio legislativo para rastrear los recorridos de las funcionarias implicadas, con el objetivo de conocer qué hacían durante sus horas de trabajo.
No es la primera queja contra Obaldía: antes de este caso, otra asesora había mostrado inconformidad con el trato recibido en su despacho y pidió al jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, y a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, que la trasladaran a otro puesto, lo cual se resolvió reasignándola a labores de la jefatura de fracción. El 9 de junio, Acosta negó conocer alguna denuncia por acoso sexual contra Obaldía, aunque sí confirmó ese traslado a solicitud de la propia funcionaria.
Según el Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa, la denuncia debe derivar en una comisión investigadora integrada por especialistas en recursos humanos, psicología o medicina y derecho, con posibilidad de medidas cautelares para proteger a la denunciante y prohibición expresa de conciliar entre las partes. En el caso de un diputado, la única sanción posible dentro del propio Congreso es una amonestación verbal.
Obaldía, de 66 años, es diputado por Alajuela, ocupó el sétimo lugar en la papeleta del PPSO y se presenta en su currículum como empresario y contador con más de 42 años de experiencia en el sector privado. Es coordinador territorial del partido en Alajuela y mantiene cercanía política con la diputada Mayuli Ortega, presidenta de esa agrupación.
El caso de Obaldía se suma a una lista de señalamientos por acoso sexual, acoso laboral o abuso sexual que ha acumulado el oficialismo y sus aliados desde que Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022.
Los casos de acoso que acumula el oficialismo desde 2022
El propio Chaves fue sancionado por el Banco Mundial por acoso sexual contra dos subordinadas cuando trabajaba en esa institución, poco antes de asumir el Ministerio de Hacienda en 2019. Ya como presidente, en abril de 2022, pidió disculpas públicamente a las mujeres que lo denunciaron, aunque cuestionó el manejo que el organismo dio al proceso.
El exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla enfrentó una acusación formal de la Fiscalía Adjunta de Género por tres delitos de abuso sexual contra una trabajadora, hechos ocurridos en 2019 antes de asumir el cargo. En noviembre de 2024, la denunciante retiró la causa tras llegar a un arreglo confidencial con Batalla por ¢3 millones, lo que permitió el sobreseimiento definitivo del caso; el exjerarca renunció a la política en marzo de 2025, tras filtrarse el expediente judicial.
En junio de 2025, Chaves destituyó al viceministro de Justicia y Paz, Juan Carlos Arias, luego de que una subordinada presentara una denuncia por acoso sexual en su contra. El Gobierno justificó la decisión afirmando que “no tolerará el acoso laboral ni sexual”.
También dentro de la bancada oficialista, la presidenta legislativa Yara Jiménez ordenó en mayo de 2026 archivar una denuncia por hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado, presentada por la también extrabajadora legislativa Marulin Azofeifa, al considerar que la Asamblea perdió competencia para sancionarlo una vez concluido su período como diputado el 30 de abril. La oposición anunció que apelaría la decisión.
Fracción de Pueblo Soberano reacciona
“Como fracción, tomamos con absoluta seriedad cualquier denuncia que se presente. No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza y seremos firmes ante cualquier conducta que, una vez comprobada mediante los procedimientos correspondientes, atente contra el respeto, la dignidad o la integridad de las personas”, comunicó la bancada oficialista mediante un comunicado.
“Por respeto a la confidencialidad del proceso, a las personas involucradas y para evitar cualquier forma de revictimización, la Fracción Pueblo Soberano no se referirá a detalles ni adelantará conclusiones mientras el procedimiento se encuentre en curso”, agregaron.