Una reforma al reglamento respectivo de la Municipalidad de San José prohíbe baile en restaurantes y pone horas de cierre a negocios que afectan los negocios y toca temas culturales sensibles para la población josefina.
Ante el anuncio de los cambios reglamentarios, las críticas llovieron fuertes contra el alcalde Diego Miranda y los regidores que aprobaron la medida, por el perjuicio a la actividad artística y comercial de las noches en San José.
Ante esas presiones, el alcalde Mirando dio un paso atrás y afirmó que pidió a los regidores reconsiderar la medida, en temas tan sensibles como las horas de cierre y hasta la prohibición de bailar en un restaurante, que mucha gente considera absurdas.
Mirando informó, mediante un video, que el próximo lunes por la tarde están abiertos espacios para consulta ciudadana:
La diputada Iztarú Alfaro, que tiene un conflicto previo con el regidor, envió un video hoy desde la fracción de Liberación Nacional, donde señala que el daño está hecho, aunque se abran estos espacios de diálogo.
Iztarú aduce que ese reglamento “es una amenaza directa a la economía del cantón de San José, no se puede ordenar una ciudad si se apaga a las diez de la noche; estamos hablando de San José que es la capital, que siempre ha buscado la cultura, el arte y la música”.
Indicó que se asfixia a personas trabajadoras y patentados del cantón. Iztarúa exigió la participación ciudadana:
Antecedente de denuncia por injurias y calumnias
La diputada liberacionista Iztarú Alfaro demandó por injurias y calumnias al alcalde de San José, Diego Miranda, quien en reiteradas ocasiones ha optado por atacar a la legisladora y a su familia.
Iztarú Alfaro es familiar directa de un empresario autobusero de San José, de una empresa que con los años ha acumulado denuncias y muchas molestias por un pésimo servicio a zonas de Guanacaste y, antes de Tracopa, a Coto Brus.
El alcalde deberá responder en los tribunales para frenar lo que la legisladora califica como una campaña de difamación, por la que realizó la demanda.
En un vídeo tras la notificación judicial, Alfaro dejó claro que, si bien defiende la libertad de expresión, esta “no debe ser utilizada para querer dañar el buen nombre y la imagen de una persona”.
Para la diputada del PLN, los ataques de Miranda no son más que una rabieta y una represalia política. En sus propias palabras, al hoy alcalde “claramente le molestó que tuviera controles políticos fuertes y denuncias públicas hacia su gestión”, dijo, durante la época en que ella fungió como regidora municipal.
Esta pugna legal es solo el capítulo más reciente de un historial turbulento. Los choques entre ambos han estado marcados por señalamientos previos de violencia política, que habría ejercido Miranda hacia la hoy diputada, así como por las constantes denuncias de Alfaro sobre acciones administrativas opacas y poco claras dentro de la alcaldía.
El alcalde asegura que se defenderá y calificó el proceso como un intento de intimidación de “gente que tiene mucha platita para utilizar a sus abogados”, intentando revivir mediáticamente procesos judiciales de terceros del año 2010.