Sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lo que pretende el político evangélico Fabricio Alvarado, en caso de que el caso Beatriz y otros contra El Salvador sea favorable a los demandantes.
Alvarado defendió que la muerte de Beatriz no fue por causa de la no realización de un aborto, sino por un accidente de tránsito posterior. Además, aduce que la resolución busca abrir un portillo al aprobar la obligatoriedad del aborto terapéutico, de manera que se apruebe el aborto en general, un falacia reiterada en el político que empezó incluso en Costa Rica cuando se firmó la norma del aborte terapéutico en el gobierno anterior.
A pesar de su criterio, los y las diputadas finalmente decidieron desechar la moción de Nueva República y solamente votaron a favor ocho legisladores: 5 del partido proponente y 3 del PUSC: Carlos Andrés Robles, Leslie Bojorges y María Marta Carballo.
La diputada Vanessa Castro, quien originalmente firmó la moción, se retractó y finalmente no la apoyó. Todos los demás diputados presentes, 33 en este caso, votaron en contra. Es decir, lo logró el apoyo del resto del PUSC ni del oficialismo, aliados usuales en votaciones de índole conservadora contra los derechos humanos.