La Sala Constitucional condenó al MEP por eliminar el Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA) y reubicar a los estudiantes sordos en aulas regulares, “sin tener en cuenta sus necesidades y derechos”.
La Sala declaró con lugar un recurso de amparo presentado por el presidente
de la Asociación Pro Defensa Derechos Sordos Costa Rica, quien alegó que el Ministerio de Educación Pública, representado por la ministra Ana Katharina Müller, no logró garantizar sus necesidades especiales para lograr una educación adecuada.
El MEP decidió eliminar el programa SESA con la excusa de que serían incluidos en aulas regulares y serían respetadas las necesidades de esa población, pero después de falsas promesas, la Sala encontró que eso no fue así.
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“Pese a que en octubre de 2023 se celebró una reunión con estudiantes afectados por el cierre del programa, el recurrente manifestó ante la Sala que el modelo propuesto no cubre las necesidades educativas de la población sorda”, informó el órgano constitucional.
Así las cosas, en la sentencia 2023-033148, los magistrados ordenaron a la ministra de Educación Pública “garantizar plenamente y de forma ininterrumpida, a las personas cubiertas actualmente por el programa SESA (Servicio Educativo de Sordos Adultos) y a la población sorda en general, su derecho a la educación de calidad en condiciones de igualdad e inclusión”.
El tribunal constitucional reconoce que es el MEP el encargado de establecer técnicamente el modelo de educación para esa población, sin embargo, “no quedó demostrado categóricamente en el expediente que el cambio de modelo proteja plenamente los derechos de los amparados, ni que, de ser necesaria, la transición a otro modelo educativo esta se haya consolidado totalmente antes de hacer cesar el actual sistema”, según determina la resolución.
Agrega la Sala que “se fundamentó en el derecho a la educación en condiciones de igualdad y, concretamente, el acceso a la formación educativa, especialmente cuando los educandos se encuentren en situación de discapacidad, exigiendo la creación, conservación y desarrollo de programas de enseñanza especiales e incluyentes”.
También se condenó al estado a pagar las costas del proceso, así como daños y perjuicios causados a esta población.
“La forma intempestiva en que las autoridades del MEP clausuraron el SESA y dispusieron el traslado de los estudiantes activos -así como la matrícula de estudiantes nuevos al CINDEA de Montes de Oca, violentó el derecho a la educación de la población estudiantil sorda”, concluye la Sala Constitucional.
Los estudiantes adultos de ese programa reclamaron públicamente frente a la instalaciones del MEP en el Edificio Mercedes en Paseo Colón, pero luego las autoridades del ministerio al mando de Müller lograron que se firmara un acuerdo que, posteriormente, no cumplió las expectativas de la población.
El incumplimiento de la ministra y sus jerarcas, según la Sala, quedó demostrado, tal y como se explica en un comunicado. La resolución completa, no obstante, aún no ha sido publicada, mientras se notifica a las partes.

